En el dictamen que el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó, se verán cambios al presupuesto 2025 que impactan principalmente a los poderes estatales, las autoridades electorales, los partidos políticos y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Estas modificaciones buscan que la Secretaría de Finanzas pueda atender gastos imprevistos, compromisos extraordinarios y adeudos pendientes, así como nuevas obligaciones legales. Con estos ajustes, los ingresos estatales para este año superan los 70 mil 524 millones de pesos.
Entre los ajustes más relevantes destacan los destinados a los poderes estatales. El Poder Legislativo recibirá 327 millones de pesos para salarios, prestaciones y resoluciones pendientes, 10 millones más de lo previsto inicialmente.
El Instituto de Fiscalización Superior (IFSE) contará con 303 millones para su operación y personal, mientras que el Poder Judicial dispondrá de casi mil 460 millones para remuneraciones, seguridad social, pagos legales y el funcionamiento del Consejo de la Judicatura.
También aumentaron los recursos para autoridades electorales y partidos políticos, con un total de 355 millones de pesos. De esta cifra, cerca de 75 millones se destinarán al gasto ordinario del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), 165 millones al financiamiento de partidos, 5 millones para obligaciones legales específicas y 110 millones para un proceso electoral extraordinario vinculado a la reciente reforma al Poder Judicial.
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) recibirá 506 millones, además del subsidio federal que apruebe la Cámara de Diputados, asegurando la operación educativa y los convenios federación-estado.
Estas modificaciones también incorporan los artículos 40 y 41 del Presupuesto de Egresos, que facultan a la Secretaría de Finanzas a cubrir pagos no previstos y situaciones extraordinarias.
Entre ellos se incluyen los daños por los desastres naturales en la Zona Huasteca ocurridos en octubre, así como adeudos y créditos fiscales pendientes de años anteriores.
Este tipo de ajustes evidenciaría que, al aprobarse el presupuesto original, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo contaban con información completa sobre los compromisos que ahora deben atenderse.