Por falta de voluntad política y bloqueos de parte del Ejecutivo, del Poder Judicial del Estado y de la Fiscalía General del Estado, la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés) canceló el apoyo al estado dentro del proyecto Promoviendo Justicia (Projust), un esfuerzo para lograr un efectivo establecimiento y la consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que destinó a los 32 estados ayuda por 68.2 mdd entre 2015 y 2019.
Lo anterior aparece en el reporte final de resultados del citado proyecto, publicado el año pasado por la empresa Management System International, la consultora contratada por el gobierno de Estados Unidos para desarrollar el programa.
Enfocado de inicio a los 32 estados, en los últimos dos años, el programa se enfocó en ocho entidades, entre ellas, San Luis Potosí.
Sin embargo, de acuerdo al reporte de MSI, desde el primer trimestre de 2018 cesó el apoyo al PJE y a la Unidad de Servicios Previos a Juicio (USPJ) luego de “una pérdida de voluntad política para coordinar e implementar la asistencia técnica”.
En el caso de la USPJ, la decisión de cambiar la jurisdicción de la dependencia de la Secretaría de Seguridad Pública al Ejecutivo generó una pérdida de recursos que debilitó a la dependencia, que eventualmente condujo a un desmantelamiento de la unidad.
Por otra parte, a fines de 2018, la “volatilidad política” en el PJE generó un gran reto para el apoyo al Projust, como el bloqueo de actividades debido a la falta de voluntad de la institución para colaborar con el proyecto y con la Fiscalía General del Estado.
Hubo negativas, incluso de participar en las reuniones entre las partes y la coordinadora de Projust. USAID decidió redireccionar el programa a otras cortes estatales, señala el reporte.
Con la Fiscalía General del Estado, señala el reporte, hubo una buena colaboración inicial, que generó mejoras en el procedimiento, pero el apoyo de Projust a la dependencia se redujo significativamente y cesó totalmente en marzo del año pasado debido a que los esfuerzos de asistencia técnica no encontraron la suficiente voluntad “de parte del liderazgo institucional y de algunos operadores” para un exitoso establecimiento de las medidas.