El diputado Juan Francisco Aguilar, quien propuso disminuir de un año a 90 días, el plazo de separación de diputados, alcaldes, secretarios de despacho o fiscal general del estado para ser nombrados magistrados del STJE, aseguró que la iniciativa no es inconstitucional.
Por el contrario, aseguró que el requisito de no haber ocupado alguno de esos cargos un año antes de ser propuesto como magistrado es violatorio de derechos humanos.
“No se contrapone a ninguna norma constitucional. Simplemente es un exceso y violatorio a derechos humanos el hecho de que te diga que tienes que esperarte un año de tu encargo para poder ser magistrado”, aseguró.
Citó que el artículo 47 de la Constitución determina que quienes pretenden una diputación no deben haber sido secretarios o subsecretarios, fiscal general del estado, titular de un organismo descentralizado, desconcentrado o constitucionalmente autónomo, integrante de Ayuntamiento, miembro de las fuerzas armadas en servicio activo o de fuerzas de seguridad, magistrados y jueces, a menos de que, se hayan separado 90 días antes de su elección.
Recalcó que se busca no vulnerar los derechos humanos de las personas que cumplieran con el otro mandato constitucional y que quisieran ser magistrados, sino simplemente armonizar los plazos de prevención.