Consejeros y autoridades indígenas de San Luis Potosí dirigieron una carta abierta a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para solicitar su intervención ante el presunto incumplimiento de resoluciones judiciales por parte de la Secretaría de Bienestar, que, según acusan, mantiene bloqueados los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM).
En el documento, las comunidades denuncian que funcionarios de la Secretaría de Bienestar y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) han desobedecido suspensiones definitivas y provisionales otorgadas por los juzgados Quinto y Séptimo de Distrito en San Luis Potosí. Estas medidas judiciales ordenan la entrega de los fondos sin recortes ni retrasos, luego de que los pueblos indígenas promovieran amparos para evitar la reducción de sus recursos.
De acuerdo con la carta, los servidores públicos habrían "bloqueado las transferencias y congelado cuentas bancarias" de comunidades Tének y Náhuatl, pese a que los tribunales federales instruyeron expresamente que se mantuvieran los montos asignados.
Además, se señala a los directores de Desarrollo Regional y de Normatividad de la Secretaría de Bienestar, así como al delegado estatal Guillermo Morales y al titular del INPI en San Luis Potosí, Mario Alberto Godoy Ramos, de "coaccionar a las autoridades indígenas para desistirse de los amparos", e incluso de utilizar medios de comunicación públicos para desinformar y difamar a quienes han promovido las acciones legales.
Las comunidades afectadas incluyen Acatitla (San Martín Chalchicuautla), Piaxtla, La Garza y Tamaletón (Tancanhuitz), Tocoy y San Pedro (San Antonio), Coromohon (Tanlajás), Tanjasnec (San Antonio), Tamarindo (Tancanhuitz), Tanchahuil (San Antonio), Tepetate (Tamazunchale) y Tampaxal (Aquismón), entre otras. En todos los casos, los representantes indígenas afirman que los fondos han sido bloqueados "sin fundamento legal" pese a la existencia de mandatos judiciales vigentes.
Finalmente, los consejeros indígenas, aseguran que la omisión de la Secretaría de Bienestar "viola derechos constitucionales y compromete el desarrollo comunitario" de los pueblos originarios potosinos.