Tras el asesinato del potosino Miguel Ángel García en Texas, el director del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), Luis Enrique Hernández Segura, explicó que éste permanecía hospitalizado en Dallas, Texas, luego de haber resultado herido en un ataque armado a la oficina del ICE.
El funcionario informó que el joven fue declarado con muerte cerebral y que el lunes se le retiraron los aparatos de soporte vital.
De acuerdo con Hernández Segura, la madre de la víctima, María Hilaria García, pidió apoyo al Gobierno del Estado para poder viajar y acompañar a su hijo en sus últimos momentos.
La solicitud -explicó- fue atendida desde el pasado fin de semana y, tras gestiones con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consulado de México en Dallas, se le autorizó la entrada a Estados Unidos a pesar de que contaba con un antecedente de deportación.
El funcionario expuso que la autorización se logró debido a la coordinación entre los tres niveles de gobierno y al seguimiento del caso por parte de las autoridades consulares, lo que permitió que la madre pudiera ingresar a territorio estadounidense a pesar de contar con un antecedente de deportación reciente.
Sobre las responsabilidades legales, Hernández Segura precisó que el caso se encuentra bajo jurisdicción del gobierno americano, por lo que no se tiene contemplada una denuncia ni la emisión de una carta diplomática por parte del gobierno estatal ni federal.
"El gobierno americano nos ha informado que están totalmente apegados a la legalidad de las responsabilidades que así lo ven, tanto en temas de indemnización o cualquier tipo de cuestiones totalmente con la familia y estamos en el entendido que se han cubierto todos los datos y así es como se va a llevar a cabo.", explicó.
El director del IMEI agregó que la información relacionada con indemnizaciones es considerada clasificada y únicamente corresponde a la familia decidir si se hace pública."Eso es totalmente información clasificada por parte de la familia. Ellos mismos así no lo refieren, incluso no nos dan esa información a nosotros y aunque la tuviéramos, no la podemos divulgar, derivado del protocolo de protección de datos".
Finalmente, aseguró que la labor de la dependencia es mantenerse vigilantes de que se cumplan los protocolos establecidos y se respeten los derechos de las y los connacionales. "Vamos a seguir pendiente no nada más de este caso, sino de todo lo que pueda llegar a suceder con los diferentes casos que se dan durante estos procesos, estos protocolos de detención en el país extranjero que tienen que ser totalmente pegados a los derechos humanos de nuestros paisanos".