El accidente del antro "Rich" ocurrió en el área de uso común de la plaza Alttus, es decir no en las instalaciones del restaurante bar, no hay acciones concretas desde la esfera penal para funcionarios públicos y hay desinterés de las autoridades para investigar a fondo, advirtió Marco Polo Méndez Alonso, abogado de Nancy Aurora y Ulises, detenidos por el caso de la caída de jóvenes en la que murieron dos y una decena resultaron heridos, el 7 de junio de 2024.
Dijo que sus defendidos están vinculados por un delito de tipo culposo, es decir que no es intencional, pero que a fin de cuentas derivó en un daño. Desde la perspectiva del derecho, en el caso de los servidores públicos, ellos sí actuaron de manera intencionada y actuaron dolosamente y por ello hay una diferencia en el actuar de los diferentes personajes.
Agregó que los imputados han mostrado en todo tiempo la disponibilidad para alcanzar buenos acuerdos y acusó que otros actores victimales han difundido información que reviste gravedad en lo que se refiere a los acuerdos reparatorios, porque finalmente revictimizan a las personas y porque también expusieron datos confidenciales de una persona propietaria de un inmueble.
Precisó que en el inmueble es una garantía para cumplir con el pago del Fondo de Atención a Víctimas de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en donde dialogaron con el anterior comisionado Miguel Ángel Amaro y con la Fiscalía General del Estado para reparar el daño pero también para reintegrar lo que en su tiempo la Comisión de Víctimas dispuso para el apoyo inmediato a los lesionados, incluso para quienes perdieron la vida en este accidente.
NADA CONTRA FUNCIONARIOS; TODO CONTRA IMPUTADOS
Para el caso de los servidores públicos, Méndez Alonso explicó que tanto a las víctimas como a la defensa de los imputados se les ha negado de manera reiterada el acceso al expediente de la Contraloría donde sería propuesta la sanción a por lo menos tres servidores públicos.
Dijo que eso, en automático incide en una violación al derecho de las víctimas al conocimiento de la verdad y al acceso a la justicia y también a los imputados, porque de ahí deben desprenderse elementos para su propia defensa.
La ruta que ha llevado hasta ahora el asunto penal, va dirigido a que se les quiera hacer responsables únicamente a los imputados, cuando en realidad la responsabilidad de la reparación del daño involucra también a funcionarios ya que conforme a la normatividad penal cada quien debe ser responsable de sus actos.
Consideró que a los imputados se les quiere cargar todo el paquete de la responsabilidad, cuando lo que ocurrió fue un accidente en un área común, donde lo que sí hay es una actuación dolosa de funcionarios, y eso reviste una magnitud distinta por lo que se refiere al nivel de actuación.
Señaló que hay circunstancias que no se vigilaron de manera adecuada por lo que se refiere al nivel de seguridad de los barandales donde ocurrió el accidente.
Observó lo que también los representantes de las víctimas vieron en alguna ocasión, que el edificio fue reparado hace algunos meses y que los responsables utilizaron la misma técnica y los mismos materiales para restaurar la zona donde ocurrió el accidente. "Eso deja en riesgo a la sociedad y debió ser revisado incluso antes del funcionamiento de la plaza como tal".
DOLO DE JUECES
Marco Polo Méndez advierte que ha encontrado actitud dolosa de por lo menos dos jueces de control que han tomado el caso en sus manos, y los calificó como arbitrarios, porque alguno de ellos incluso prohibió a las víctimas otorgar perdón, cuando esa es una potestad de quienes solicitan el perdón legal y quienes lo otorgan.
Recordó que precisamente cuando ya estaban dadas las condiciones para que las dos víctimas que finalmente otorgaron el perdón, concluyeran el acto jurídico, un juez de control lo prohibió y también impuso requisitos que están fuera de la ley, por lo que la defensa de los imputados tuvo que observar al propio juez de control, que primero con expresiones discriminatorias dijo a las víctimas que eran muy jóvenes para otorgar el perdón, cuando ya son mayores de edad.
Consideró que además hubo un exceso cuando el juez exigió no a los abogados sino a las víctimas, presentar dictamen psicológico que dijera que no fueron obligados ni coaccionados o impulsados por otras circunstancia, requisito totalmente fuera de la ley.
Añadió que el juez partía del criterio de que es un caso de alta relevancia y de alta presión, y que por eso exigía el dictamen psicológico a las víctimas.
Por lo que se refiere al perfil del juez, recordó que es de los anteriores que ya vienen de nombramientos y también ganó la elección reciente, tiene experiencia y se sabe de su capacidad. Añadió que se tienen la sospecha de que se está respondiendo a intereses distintos que no son los de la justicia ni de la legalidad.
Se está acelerando el proceso de manera inusitada con cinco días entre cada audiencia cuando por ejemplo, para el caso de una persona de la tercera edad acusado de robo antier ocurrió una audiencia y la siguiente fue programada hasta enero.
AVANZA LA POSIBILIDAD DE ACUERDOS
Agregó que ha tenido acercamiento con una abogada de nombre Heidi Ruiz, quien representa a tres víctimas y está abierta la posibilidad de que cuando menos con dos se pueda alcanzar un acuerdo y también hay avances con la CEEAV que representa a dos de las víctimas, de manera que sean reparados tanto por el Fondo de Víctimas como por el daño.
Dijo que es muy importante que se tome en cuenta que los detenidos se están haciendo cargo de lo que les corresponde por lo que se refiere al accidente y ellos están en la postura de que no niegan lo justo. Pidió que se les dé un trato justo y con la garantía de imparcialidad.
"Hemos recibido la postura de la mamá de uno de los chicos fallecidos que incluso había referido que no tenía interés en perjudicar a los jóvenes, que desde su corazón los perdona y sin embargo, hay otras cuestiones que alimentan a las víctimas en su dolor desde las instituciones y en particular por parte de los jueces de control, que no abonan a un sistema que dé preferencia a los mecanismos alternos de solución de conflictos, al diálogo y a la reparación del daño".
Tiene confianza en la Fiscalía General del Estado y en que hay una postura abierta de los fiscales y de la CEEAV. Reconoce el apoyo de la Subsecretaría de Gobierno para hacer el trabajo necesario con el fondo de víctimas.
Dijo que también se debe tomar en cuenta la intervención que pudiera provenir de la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y de los magistrados de segunda instancia y del Tribunal de Disciplina Judicial en la vigilancia que hagan de los jueces de control y en particular de dos actuaciones verdaderamente arbitrarias.