Tanto el gobierno estatal como la alcaldía capitalina encontraron la manera de eternizar los juicios administrativos por responsabilidad de los servidores públicos en el caso Rich, lo que además retarda la reparación del daño, informó Rodrigo Espinoza, padre de Roy, uno de los jóvenes fallecidos en el accidente ocurrido en junio de 2024.
Proceso penal y acuerdos reparatorios
En entrevista, el deudo indicó que en la conclusión de la etapa intermedia del proceso penal, antesala del juicio oral, solo tres representantes de las víctimas del accidente mantienen el proceso penal activo.
Los siete restantes celebraron acuerdos reparatorios, en ejercicio legítimo de sus derechos.
Agregó que el proceso para iniciar el juicio oral se atoró, pues su auto de apertura quedó suspendido en tanto se resuelve un amparo pendiente dentro del proceso.
Demoras en demandas administrativas y recursos legales
Rodrigo Espinoza dijo que más allá del proceso penal, está pendiente la rendición de cuentas de las instituciones administrativas, las demandas de responsabilidad patrimonial del Estado promovidas contra el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y contra el Ayuntamiento de San Luis Potosí, por la actividad administrativa irregular que precedió a la tragedia.
“Esas demandas, sin embargo, se encuentran detenidas en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa: unas en sus salas unitarias, otras a la espera de que la Sala Superior resuelva recursos pendientes. La demora se agrava por la interposición sistemática de recursos por parte del Municipio”, señaló.
En materia de acceso a la justicia, “dilatar para no reparar no es una defensa legítima y se convierte en obstrucción de la justicia”, consideró.
Observó que lo que se percibe es una justicia deliberadamente retrasada equivale, para las víctimas, a una justicia negada.