Ceden a Sefin cobro de predial 36 alcaldías

Soledad de Graciano Sánchez encabeza los convenios

Un grupo de 36 ayuntamientos cedieron a la Secretaría de Finanzas, hasta el final de las presentes administraciones municipales, el cobro de los impuestos predial y sobre adquisiciones inmobiliarias, con tareas que incluyen la recaudación y la imposición de multas.

Las leyes de ingresos de los municipios que adoptaron este esquema suman metas de recaudación de predial e impuesto a adquisiciones de bienes por 162 millones 483 mil 421 pesos con 96 centavos, de los cuales más de 95 millones y medio de pesos corresponden a Soledad de Graciano Sánchez.

Ayer viernes, el Periódico Oficial del Estado publicó los 36 convenios de coordinación y colaboración administrativa en materia fiscal relativo al impuesto predial y sobre adquisiciones inmobiliarias.

El secretario de Finanzas de Gobierno del Estado Jesús Salvador González Martínez firmoó acuerdos por el gobierno estatal. Y cada alcalde hizo lo propio por los ayuntamientos.

La cláusula primera del acuerdo publicado indica que las partes establecen “la coordinación administrativa que tenga por objeto, la administración de los impuestos Predial y Sobre Adquisición de Inmuebles”.

En la siguiente especifica que la administración la realizará el estado, a través de la Secretaría de Finanzas, que ejercerá funciones operativas como el padrón de contribuyentes. La recaudación, notificación y cobranza; labores informáticas; consultas y autorizaciones y la determinación de impuestos y sus accesorios.

Además, se encargará de la imposición y condonación de multas y tendrá facultades para intervenir en cualquier etapa de los litigios fiscales que se deriven de sus acciones.

También tendrá la atribución de aplicar medidas de apremio a los contribuyentes y de imponer créditos fiscales.

Los ayuntamientos estarán comprometidos a proporcionar al estado recursos humanos y materiales para realizar estas labores de cobro sólo en casos de fuerza mayor. 

La cláusula décimo séptima establece la vigencia del acuerdo hasta el 30 de septiembre de 2024, cuando terminan las presentes administraciones, aunque permite la terminación anticipada de los acuerdos si así lo desean.