Ya existe un antecedente de pronunciamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra la iniciativa estatal de aplicar la castración química a violadores, en el que señaló que viola convenios internacionales y derechos humanos.
A ese respecto, la presidente de la CEDH, Giovanna Argüelles Moreno, advirtió que ese proyecto de castración química no es compatible con las normas en México y tampoco lo es con los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.
Explicó que se debe optar por medidas de prevención del delito y en su caso por las acciones de readaptación social de las personas privadas de su libertad por algún hecho que se les imputa.
La entrevistada recordó que el sistema jurídico mexicano privilegia la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes por cualquier persona, pero principalmente por parte del Estado, y es por ello que, dijo, "la propuesta no encaja con la normatividad mexicana y con los tratados internacionales".
El organismo público autónomo ya se había pronunciado en 2022, acerca de la posibilidad de que sean promovidas diversas acciones de búsqueda de declaratoria de inconstitucionalidad, en caso de que la iniciativa prospere.
Desde el Ejecutivo y el Congreso del Estado se impulsa que esta iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona se apruebe en un periodo extraordinario de sesiones.