Jorge Andrés López Espinosa/ Foto. Archivo
En la actualidad, se da seguimiento y hay medidas cautelares para una defensora de derechos humanos de comuneros, que sufrió amenazas vía telefónica, informó Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Este sábado, Hugo Ulises Valencia Gordillo, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno del Estado, afirmó que hay algunos integrantes de Organizaciones no gubernamentales (ONG) que sufren amenazas, incluso de muerte por parte de funcionarios de los tres niveles de gobierno.
El ombudsman local explicó que las medidas para la también lideresa de la comunidad la Noria de San José, consiste en que se le asignaron policías para el resguardo de su integridad al momento de la realización de su actividad, pues las amenazas que recibió
fueron de personas desconocidas, a través de vía telefónica.
“Eso es el procedimiento que nos establece la ley de la Comisión. Siempre que hay una amenaza o algún tipo de agresión, nosotros de inmediato emitimos medidas cautelares y les damos seguimiento a las mismas”, expuso.
López Espinosa lamentó que la actividad de los protectores y defensores de derechos humanos en la República Mexicana, es considerada a nivel mundial como una función de alto riesgo.
Rememoró que octubre de 2016 se emitió la Recomendación 25/2016 a Federico Arturo Garza Herrera, entonces titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), debido al impedimento de permitir salir de las instalaciones de ese dependencia, a la
activista Rosario Torres Mata, presidenta de Fe y Esperanza para Víctimas del Delito Christian A.C.
Según el expediente de queja 1VQU-0066/2015 de dicho documento, expone que en noviembre de 2014 personal de custodia de la PGJE impidió a la activista salir del lugar, luego de que había acudido a solicitar información sobre la desaparición de dos personas.
“La defensa de los derechos humanos tiene que ser una de las actividades más protegidas por el estado, y lamentablemente en México es considerado a nivel internacional, como uno de los sitios más peligrosos para ejercer la defensa de los derechos humanos”, señaló.