CEDH hace balance; Fiscalía mal parada

De un total de 3 mil 138 atenciones que ha proporcionado la Comisión Estatal de Derechos Humanos este año, 963 derivaron en quejas contra diversas autoridades, las restantes derivaron en acciones de orientación y gestión.

Antes del cierre del año, el organismo público que presenta más quejas es la Fiscalía General del Estado (FGE), le sigue la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en tercer lugar, se ubica la Dirección General de Métodos de investigación por medio de su policía de investigación.

De acuerdo con los datos oficiales, la Fiscalía General del Estado tiene 142 quejas debidamente radicadas; la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, tiene 91 quejas; la Dirección General de Prevención y Reinserción Social tiene 75 quejas, y la Dirección de General de Métodos de investigación tiene 61 quejas.

De los organismos de agua potable de la entidad, el Interapas encabeza las quejas con 50; la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí tiene en su haber 47 quejas por atender; la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado ya aparece en las listas, luego del inicio de las clases presenciales, con 39 quejas.

Por otra parte, la Secretaría de Salud de San Luis Potosí enfrenta 38 quejas; la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) paradójicamente también enfrenta quejas, 32; en el récord, la Dirección General de Policía y Tránsito Municipal de Matehuala enfrenta 28 quejas y le sigue la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Valles con 22.

Para el caso de los principales hechos violatorios señalados en las quejas para las entidades públicas que enfrentan, hay 77 expedientes abiertos por acciones y omisiones contrarias a lo que señala la ley en sus diversos aspectos.

Le siguen 72 casos de detención arbitraria, 69 por prestación indebida del servicio público, 61 por dilación o retraso injustificado de la integración de expedientes de investigación penal, 44 por lesiones, 42 por amenazas e intimidación, y 37 por omitir, suspender o no garantizar el servicio de agua potable y drenaje en el caso de los organismos operadores.