La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no fijó una postura respecto al “derrumbe” en el número de recomendaciones emitidas en este 2025 en comparación con los cuatro años previos, pero respondió emitiendo una nueva recomendación por presuntos actos violatorios de derechos de personas que han ingresado a los separos municipales del Ayuntamiento de Villa de la Paz.
La sexta recomendación de este año acredita dichos actos violatorios con base en la investigación realizada por personal de la Tercera Visitaduría del Organismo, que determinó que existió abstención u omisión en el deber de custodia; se vulneró el Derecho a la legalidad por omitir fundar y motivar el acto de autoridad; el Derecho a la Integridad Personal, por la inadecuada certificación de las personas detenidas; y el Derecho al Trato Digno, por no proporcionar una estancia digna a las personas detenidas.
La CEDH añadió que el Ayuntamiento de Villa de la Paz carece de procedimientos administrativos debidamente fundamentados que sustenten las detenciones y la custodia de las personas privadas de su libertad.
Para este caso, la Comisión emitió las siguientes cinco recomendaciones: Que se realicen las gestiones presupuestales necesarias para que las celdas preventivas de Villa de la Paz cuenten con instalaciones y servicios, en las condiciones de operación y mantenimiento idóneos.
Que se implementen protocolos de atención para personas sometidas a detención, así como para las que pertenezcan a grupos vulnerables como migrantes, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, comunidad LGBTIQ+ y para personas de pueblos y comunidades indígenas.
Que se cuente con los servicios de personal médico disponible las 24 horas del día y de un protocolo de actuación para el tratamiento de personas sometidas a detención.
Que se dé vista de la presente recomendación a regidores y síndico que integran el Cabildo de Villa de la Paz, para que analicen, discutan, designen y aprueben un presupuesto para la creación e implementación de un proyecto estratégico enfocado en la modernización de las celdas preventivas, en un plazo máximo de seis meses.
Como Garantía de No Repetición, que se realicen las gestiones necesarias a efecto de incluir dentro de su política pública de seguridad, la profesionalización en derechos humanos de las y los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de jueces calificadores.