La publicación de información sobre adquisiciones de material electoral por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), tras los señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones vinculadas con la administración de Guadalupe Taddei Zavala al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), no es suficiente para garantizar la transparencia del organismo, consideró Guadalupe González Covarrubias, vocero de Ciudadanos Observando.
Ceepac y la transparencia en adquisiciones electorales
El activista cuestionó que el Ceepac difundiera un comunicado para asegurar que sus procedimientos se realizaron conforme a la ley y que la documentación ya se encontraba disponible en las plataformas de transparencia. Consideró que el organismo debe garantizar que la información sobre sus adquisiciones sea pública, accesible y difundida de manera permanente, sin esperar a que surjan escándalos para facilitar su consulta.
La polémica se produce en medio de las investigaciones sobre una presunta red de empresas proveedoras de material electoral que habría obtenido contratos millonarios tanto del INE como de distintos Organismos Públicos Locales Electorales.
Dudas sobre auditorías y credibilidad institucional
En este contexto, González Covarrubias puso en duda que el Consejo use las auditorías internas, estatales y federales como garantía de que no existen irregularidades en sus procedimientos. Argumentó que los órganos de fiscalización han perdido credibilidad por antecedentes de presuntos encubrimientos de actos de corrupción, por lo que consideró insuficiente que el organismo electoral asegure que sus revisiones no han generado observaciones.
Como ejemplo de la desconfianza hacia las instancias fiscalizadoras, recordó el caso conocido como la “Ecuación Corrupta” y sostuvo que “el Ceepac debe extremar precauciones para evitar verse involucrado en prácticas que comprometan su credibilidad”.
El entrevistado insistió en que la transparencia no debe ser una respuesta ante la presión pública, sino una obligación permanente de la institución.