La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) reconoció que el esquema actual de sanciones por incumplimiento en transparencia no está generando presión real sobre los sujetos obligados, lo que ha permitido que alrededor de 20 sujetos obligados mantengan niveles nulos de cumplimiento sin consecuencias proporcionales.
José Gerardo Navarro Alviso, comisionado presidente, señaló que, aunque existen amonestaciones y multas que pueden alcanzar aproximadamente 175 mil pesos, estas medidas resultan limitadas frente a prácticas de opacidad persistentes, ya que la normativa solo permite sanciones administrativas que no escalan a mecanismos más restrictivos que impacten de fondo a la opacidad.
Indicó que, ante este escenario, se analizan propuestas para endurecer el régimen sancionatorio mediante figuras como la inhabilitación de servidores públicos o la vinculación del cumplimiento en transparencia con otros procesos administrativos, como ocurre en esquemas federales donde el incumplimiento puede incidir en registros de partidos políticos o en la toma de nota de sindicatos, lo que evidencia la ausencia de instrumentos equivalentes en el ámbito local.
Advirtió que el incumplimiento no se concentra únicamente en falta de capacidad técnica, sino también en resistencia de algunos sujetos obligados que, pese a contar con recursos y estructura, no cumplen con sus obligaciones; en contraste, otros casos responden a limitaciones operativas como falta de personal especializado, particularmente en organismos operadores de agua y sindicatos, donde incluso existen unidades que no cuentan con perfiles capacitados.
Navarro Alviso agregó que la posibilidad de vincular el cumplimiento con la asignación o ejercicio de recursos públicos ha sido planteada como una alternativa, aunque reconoció que implicaría retos legales asociados a la autonomía municipal y eventuales controversias constitucionales.
Aun así, sostuvo que sin sanciones más severas y ejecutables, la rendición de cuentas seguirá dependiendo más de la voluntad que de una obligación efectiva.