José Gerardo Navarro Alviso, presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información (CEGAIP), dijo desconocer por qué la notificación mediante edicto tardó más de ocho años en el caso de exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Las sanciones económicas se impusieron a Arturo Gutiérrez García, exsecretario de Seguridad y a Gabriel Villagrán Sánchez, quien era el encargado de la Unidad de Información Pública de la misma dependencia, por incumplir obligaciones en transparencia.
El comisionado presidente expuso que las sanciones se impusieron el 21 de febrero del 2018 y sostuvo que causó ejecutoria en noviembre del mismo año.
Agregó que una vez que quedó firme se trató de notificar a Gutiérrez García y a Villagrán Sánchez sin lograrlo, y se complicó más porque terminaron sus encargos, pues la notificación debía hacerse en su domicilio personal.
Dijo que ante la omisión de diversas dependencias de no facilitar el domicilio de los exfuncionarios sancionados y que la CEGAIP la desconocía, se procedió a la notificación mediante edictos en el Periódico Oficial del Estado (POE), cuyo proceso lo realizó él al asumir el cargo recientemente.
“Yo desconozco la razón por la que no se haya dado la celeridad para llevar a cabo esta última acción, que es notificarlo por edictos, y en su caso imponer la sanción.
Entonces, no es que la resolución no se haya emitido en tiempo, o sea, la resolución se emitió en el tiempo considerable atendiendo a las partes procesales”, sostuvo.