La entrevistada explicó que la fémina arribó a la dependencia para solicitar ayudar por aparente violencia intrafamiliar, pues el agresor era su pareja sentimental, sin embargo, al momento de entrevistarla se dedujo que se trataba de una probable situación de sometimiento para explotación sexual frente a otros hombres.
Méndez Salas recalcó que, por las funciones de los CJM, se logra identificar con mayor recurrencia el ilícito de trata de personas con fines de explotación sexual. “Estas personas (la víctima y su pareja) han estado transitando por todo el país”.
Lamentó que en este tipo de sucesos las personas afectadas no manifiestan la voluntad de continuar con la investigación penal y todos los trámites requeridos, pese a que se busca lograr justicia ante la comisión de ese delito.
“No quieren reconocer (las víctimas) que lo que están haciendo no es correcto, pero sobre todo, que las pone en una situación de vulnerabilidad que ese es el tema”.
Según el Artículo 13 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos: “Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, al que se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones o cualquier otra actividad sexual remunerada”.