AMPI alerta por baja certificación de asesores inmobiliarios

Mientras, el fraude inmobiliario continúa posicionándose entre las prácticas más denunciadas, señalan

En San Luis Potosí, de un universo estimado de entre 3 mil 500 y 4 mil asesores inmobiliarios, apenas entre 200 y 250 cuentan con certificación o respaldo formal, lo que representa una proporción reducida frente a la demanda del sector, informó el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en la entidad, Neil Castro Ortega.

El dirigente advirtió que esta brecha en la profesionalización se da en un contexto donde el fraude inmobiliario continúa posicionándose entre las prácticas más denunciadas a nivel nacional, de acuerdo con registros de la Procuraduría Federal del Consumidor, especialmente en zonas con alta actividad de vivienda y desarrollo urbano.

Castro explicó que la falta de capacitación limita la capacidad de los asesores para adaptarse a cambios legales y técnicos, lo que incrementa el riesgo tanto para compradores como para quienes intermedian en operaciones. "Las leyes cambian constantemente y quien no está preparado puede incurrir en errores que afecten a terceros", señaló.

A nivel nacional, agregó, se ha observado un repunte en este tipo de irregularidades en ciudades vinculadas a eventos de gran escala, como las sedes del Mundial de futbol, donde la especulación y la informalidad propician condiciones de mayor riesgo en el mercado.

Frente a este escenario, la AMPI ha intensificado las acciones de formación en la entidad. Tan solo durante el primer trimestre del año se impartieron más de 150 cursos y talleres, lo que colocó a San Luis Potosí en el segundo lugar nacional en capacitación dentro de la asociación.

Entre las estrategias implementadas se encuentran seminarios de hasta 32 horas, enfocados en temas como contratos, aspectos fiscales, normatividad vigente y procesos de compraventa.

Finalmente, el representante del sector exhortó a la población a verificar que los asesores cuenten con registro estatal emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico, así como a acudir a empresas formalmente establecidas antes de realizar cualquier operación inmobiliaria.