El Juzgado Sexto de Distrito emitió un fallo condenatorio en contra de la Contraloría General del Estado (CGE), para que aporte a los familiares de las víctimas, los expedientes de los funcionarios públicos involucrados por acción u omisión en las condiciones que derivaron en el accidente del 7 de junio de 2024 que causó dos jóvenes muertos y doce lesionados con el derrumbe de la balaustrada de vidrio en el antro Rich.
La sentencia definitiva del juez surte efectos para que la CGE, a través de su titular el Sergio Arturo Aguiñaga Muñíz, entregue a padres de las víctimas el expediente de investigación que realizó esta dependencia estatal del Caso Rich, en el que están involucrados funcionarios municipales del área de Comercio y funcionarios estatales, de la Dirección de Gobernación, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios.
Ramón Infante, padre de Manuel Alejandro Infante Puente, fallecido en el accidente, explicó que el juzgado ordena liberar la información que de manera dolosa, la CGE etiquetó como reservada, bajo una cláusula injustificada de secrecía. Sergio Arturo Aguiñaga debe proveer la información a familiares, víctimas y ofendidos del accidente, a partir de la investigación por la responsabilidad que recae en las dependencias.
El padre de la víctima lamentó que la CGE entorpezca el flujo de información a la Fiscalía General del Estado, para que el Ministerio Público presente ante la justicia a los funcionarios responsables y en su caso pida el ejercicio de la acción penal.
Aseguró que hasta ahora solo se ha abonado a las condiciones de impunidad y complicidad dentro del Gobierno del Estado.
Pidió al gobernador que haga valer la autonomía de la Fiscalía General del Estado.