El titular de la Fiscalía General de la República (FGR) en San Luis Potosí, Rodolfo Hernández Limón, informó que en el caso de las 10 personas recientemente detenidas en Guadalcázar y Villa de Arista y quienes posteriormente fueron liberadas por un juez federal, se debió a que la detención fue ilegal.
Lo anterior fue negado por el titular de la SSPC, Guzmar Ángel González Castillo, quien adelantó que se entregarán los elementos para presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal.
“Se decretó ilegal la detención porque las circunstancias de la detención no son de acuerdo a como aparecen en el Informe Policial Homologado (IPH)”, explicó el funcionario federal.
Reconoció que no se trata del primer caso en las mismas circunstancias, aunque justificó que se han presentado “casos de éxito donde se ha decretado legal la detención y el juez ha vinculado a proceso y se ha determinado una sentencia condenatoria incluso con procedimientos abreviados”.
Hernández Limón descartó que se trate de un caso de corrupción en el caso de los jueces federales y opinó que la capacitación debe de ser permanente para todos los elementos que fungen como primeros respondientes.
Por separado, González Castillo reconoció que la entonces Policía Estatal tenía carencias durante las detenciones ya que les hacía falta mucha capacitación sobre IPH y regulación del uso de la fuerza, entre otras. “Esto nos generaba problemas de detenciones ilegales, lo hemos vendido corrigiendo, pero se siguen dando estos problemas con los jueces”, afirmó.