El asunto de la presunta falsificación de un acta de nacimiento por parte de una funcionaria del Registro Civil de Soledad de Graciano Sánchez podría alcanzar tintes partidistas, toda vez del parentesco de la señalada con un cuadro importante de un partido político, amarillo para más señas.
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En estricto sentido, la investigación debería determinar la responsabilidad de la funcionaria involucrada, pero los tintes políticos podrían hacer más complicado el proceso.
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Pero con todo y las complicaciones que pudieran generarse por este ingrediente partidista en la investigación de un delito, lo más viable es que el fallo final no se contamine con este factor y se decrete un fallo que castigue la irregularidad, si se prueba que la hubo.
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Mientras que los usuarios del transporte urbano sufren la absurda situación de poseer una tarjeta de prepago y no poder usarla en todas las rutas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se lava las manos del problema, alegando situaciones de competencia entre las empresas que prestan ese servicio.
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La dependencia debió haber asegurado antes de que funcionaran las dos empresas de prepago, que sus sistemas fueran compatibles, y, más importante, estuvieran dispuestas a competir abiertamente.
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No fue así, y ahora, ciertas líneas trabajan con un sistema, pero impidiendo que funcione en todos los autobuses. Si el usuario no tiene esa tarjeta, sino la otra, que se despida de esa unidad, porque no podrá abordarla, a menos que pague en efectivo.
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Y con ello, le pega de lleno a un sistema que preveía, precisamente, eso, que no se necesitara efectivo para pagar el pasaje.
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El asunto está en los tribunales, en donde una de las compañías tramita un amparo contra la otra. Y en tanto la SCT no intervenga para normalizar la situación, el usuario es el que debe pagar las consecuencias de este litigio.
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La justicia está tardando demasiado en el caso de Margarita, la potosina violada en un autobús de la línea ETN por maleantes que interceptaron la unidad cuando viajaba a la CDMX.
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Tuvo que soportar que un juez del Estado de México anulara la sentencia de 111 años que originalmente se le aplicó a su agresor y luego ordenara la reposición del juicio.
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Y ahora, precisamente en esta nueva oportunidad, el inicio del juicio se está alargando por las triquiñuelas legales de la defensa del acusado, que pidió anoche más tiempo antes de iniciar
las audiencias.
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Hace poco, se señalaban los altos índices de impunidad en los homicidios dolosos como un problema de la justicia mexicana. Pero no es una situación exclusiva de esa modalidad criminal. La falta de castigo es, desgraciadamente, generalizada.
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¡HASTA MAÑANA!