La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llevó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la reciente reforma al Código Penal del estado que sanciona las llamadas terapias de conversión. El 17 de diciembre de 2025, la dependencia presentó una acción de inconstitucionalidad para invalidar diversos apartados del artículo 190 Bis, al considerar que "la norma tiene fallas graves que podrían vulnerar derechos en lugar de protegerlos".
Aunque la legislación estatal fue impulsada para prohibir los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género, la CNDH advirtió que su redacción carece de rigor técnico. Según el organismo, las inconsistencias generan incertidumbre jurídica y podrían derivar en la desprotección de las víctimas o en la imposición de penas injustas.
Es el caso del trato que la ley da a los familiares directos. La reforma establece que, cuando el responsable de estas prácticas es el padre, la madre o el tutor, la sanción se limita a una "amonestación" o "apercibimiento". Para la CNDH, esta penalidad resulta alarmante, ya que equivale a un simple regaño y no garantiza justicia ni protección efectiva para los menores de edad.