Aunque hace un año la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional penalizar el aborto en el país (7 de septiembre de 2021), la Fiscalía General del Estado (FGE) inició ocho carpetas de investigación por ese delito entre octubre de 2021 a julio de 2022.
Mientras que, en el Poder Legislativo, ninguno de los nueve grupos parlamentarios ha promovido iniciativa alguna para armonizar el Código Penal del Estado con la norma general.
Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informa que en octubre de 2021 se presentó una denuncia; una en noviembre y otra en diciembre.
Por lo que corresponde a 2022, una se interpuso en enero, las demás en los meses de febrero, abril, junio y julio.
El Código Penal del Estado sanciona el aborto en el artículo 148 con una pena de uno a tres años de prisión y multa de 100 a 300 días del valor de la unidad de medida y actualización (UMA), equivalente a 9 mil 622 a 28 mil 866 pesos.
Pero en el numeral 150 excluye de toda acción culposa a la mujer embarazada en caso de violación o inseminación indebida y cuando la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista.
La última iniciativa fue presentada en la anterior Legislatura, en conjunto por Alejandra Valdez Martínez de Morena y la activista Arely Torres Miranda y declaradas como improcedentes, por mayoría de 20 votos, tres abstenciones y cuatro votos en contra el 20 de abril del 2020.