Colectivos ciudadanos y miembros de la sociedad civil, entregaron un documento en las oficinas del gobernador, Juan Manuel Carreras López, para aclarar diversos puntos relacionados con los hechos del pasado 5 de junio, en donde se dieron los destrozos a la sede del Poder Legislativo.
Como primer punto están solicitando un informe que rinda la Secretaría de Seguridad Pública y demás autoridades involucradas que permitieron la liberación de los infiltrados.
Michelle Hernández, integrante del colectivo Cambio por San Luis, señaló que las organizaciones civiles dudan de la versión de que Alejandro Leal Tovías resultó positivo a COVID-19, ya que al parecer fue sólo para sacarlo y evitar mayores cuestionamientos por la tardía reacción de las fuerzas del orden.
Aprovechó para denunciar cómo Sebastián, uno de los presuntos agresores que es hijo de una funcionaria de gobierno del Estado, era quien coordinaba los ataques, para después ser liberado sin problema alguno.
Adelantó que en los próximos días, presentarán más pruebas de cómo se confabuló ese atentado al Congreso del Estado.
Por su parte, el vocero de Ciudadanos Observando, Guadalupe González, indicó que exigen el esclarecimiento de esos hechos, así como también pidió que no sea una cortina de humo para desviar la atención de los malos manejos de recursos que ha realizado Mónica Liliana Rangel Martínez, titular de los Servicios de Salud.