En medio de manifestaciones de colectivos de familiares, la toma de instalaciones y señalamientos de debilitamiento institucional en las áreas de búsqueda, el Congreso del Estado se encuentra por concluir el dictamen para crear la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, que podría quedar listo la próxima semana para ser presentado ante el Pleno.
La diputada Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia, explicó que tras el receso legislativo se realizaron modificaciones al proyecto, lo que retrasó su conclusión, pero aseguró que el documento se encuentra en su etapa final. "Estamos ya a punto de concluir el dictamen. Tuvimos por ahí lo que fue el receso, pero como se presentaron unas modificaciones al dictamen, yo creo que la semana que entra esperemos ya estar con el completo para presentarlo y que ya se dé salida a ese tema", declaró.
Indicó que uno de los pendientes que mantenía detenido el avance era el componente presupuestal, situación que quedó resuelta en enero con la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado, donde se estableció en artículos transitorios una reserva de 4 millones 696 mil 305 pesos para la operación de esta Fiscalía. "Nos faltaba la parte del presupuesto, que también ya se aprobó ahora en enero. Y ya están casi listos para echarlo a andar".
Sobre la participación de colectivos, señaló que ya hubo acercamientos desde noviembre y que las organizaciones conocen los avances del proyecto. Añadió que la Fiscalía General del Estado presentó una propuesta de estructura y personal alineada a lo que establece la Ley General en la materia, previsión que también fue considerada dentro del presupuesto estatal 2026.
"La Fiscalía hizo una propuesta ya considerando las nuevas unidades, todo lo que prevé la ley general, la nacional, y la propuesta está igual en el estatal", añadió.
Bajo este panorama, el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros ha denunciado reiteradamente al Congreso, la Fiscalía General y al Gobierno potosino por incumplir la Ley General vigente desde 2017.
Ante el rezago de más de dos años en las exhumaciones y la falta de apoyo institucional, la organización advirtió que mantendrá sus movilizaciones hasta que se garantice justicia, verdad y condiciones dignas para las víctimas de desaparición en la entidad.