El Congreso de San Luis Potosí incorporó tres nuevos delitos relacionados con el uso de inteligencia artificial (IA) al Código Penal estatal. La Comisión Primera de Justicia aprobó con 5 votos a favor, una abstención y uno en contra el dictamen de este 13 de noviembre, apenas una semana después de que el diputado Héctor Serrano Cortés presentara la iniciativa.
La reforma busca regular el uso indebido de herramientas capaces de generar imágenes, audios y videos hiperrealistas —conocidos como deepfakes— que imitan la voz, los gestos y la apariencia de personas reales sin su consentimiento. Las y los legisladores señalan que este tipo de contenidos puede afectar la reputación, la seguridad y la vida privada, y que hasta ahora existía un vacío legal para proteger la identidad digital.
Con la aprobación, el Código Penal incluye el Artículo 187 Ter, que establece hasta tres años de prisión para quienes utilicen sin autorización la imagen o la voz de alguien mediante IA. Además, se incorporan artículos que sancionan la difusión intencional de desinformación y la manipulación institucional mediante contenidos falsos. Se contemplan excepciones para materiales con fines periodísticos, académicos, artísticos, paródicos o de crítica política, siempre que no haya intención de causar daño.
Durante el debate, algunas legisladoras del PT, PVEM, subrayaron la relevancia de la medida. Carlos Arreola Mallol de Morena argumentó que pocos estados han legislado sobre este tema, y respaldó la reforma por brindar herramientas a la Fiscalía para sancionar fraudes y usos indebidos de la tecnología. En contraste, la también morenista, Gabriela López Torres se abstuvo, advirtiendo que la carga de la prueba podría recaer sobre los creadores de contenidos, lo que complicaría la labor periodística.
El diputado Héctor Serrano aseguró que se respetó la libertad de expresión y agradeció las aportaciones de periodistas antes de la aprobación. Rubén Guajardo Barrera votó en contra, cuestionando la rapidez con la que avanzó la reforma y solicitando mayor participación técnica de la Fiscalía y del Poder Judicial, dado que se trata de un tema penal sin suficiente referencia comparada.