Aun y cuando el despacho contratado por la Auditoría Superior del Estado para revisar el apego a los mecanismos de revisión vigentes a la fiscalización de la cuenta pública 2016 de la alcaldía capitalina señaló que había inconsistencias, la Comisión de Vigilancia del Congreso propone al Pleno declarar concluida la revisión de la cuenta pública de ese año del gobierno de Ricardo Gallardo Juárez, cuyo dictamen no presenta ninguna observación financiera.
De acuerdo a la Gaceta Parlamentaria de la sesión de mañana, la comisión presidida por el panista Héctor Mendizábal Pérez propone validar el procedimiento realizado por la ASE bajo la conducción de Jesús Martínez Loredo, labor que quedó puesta en duda tras desatarse el escándalo de “La Ecuación Corrupta”, que reveló la trama de chantaje urdida contra alcaldes por diputados locales y funcionarios de la ASE.
El reporte emitido por la ASE de Martínez Loredo indica que no se encontraron observaciones financieras y que hubo 84 de orden administrativo, en la revisión de una muestra de mil 535 millones de pesos, aunque aclara que la Auditoría Superior de la Federación hizo la revisión de partidas federales por 587.8 millones de pesos, cuyos resultados serían difundidos por la instancia federal.
Debido al escándalo de “La Ecuación Corrupta”, los reportes de la ASE fueron rechazados por el Pleno una primera vez, en junio de 2017, como lo consigna el propio dictamen en su apartado octavo.
El dictamen también reseña que la auditaría a la capital hecha por la ASE se sometió, junto con la de los otros 57 ayuntamientos del estado, a un proceso de revisión externo, encargado a la consultora De la Paz Costamalle DFK, que aparece junto con el dictamen.
En él, la consultora detalla que inspeccionó la información presentada por la ASE, ya bajo la conducción de Rocío Cervantes, tras la salida de Martínez Loredo para analizar si había deficiencias en los procedimientos empleados por la ASE así como en el apego al Manual de Procedimientos para la Fiscalización de las Cuentas Públicas.
El despacho concluye que en el procedimiento de la ASE falta evidencia de elaboración y revisión del programa anual de auditoría y de la aprobación de éste por parte de Martínez Loredo.
Además, no hay evidencia de que “todos los procesos se hayan realizado y/o de que las revisiones se hayan efectuado de manera clara y oportuna”.
Asimismo, no existe evidencia de que los papeles de trabajo estén debidamente conformados y contengan evidencias suficientes para sustentar las inconsistencias y observaciones encontradas.
El despacho aclara que no expresa ninguna opinión sobre los resultados de la auditoría, sino en el procedimiento.
Pese a las conclusiones de la consultora, la Comisión de Vigilancia consideró que el proceso de auditoría “se apegó a los principios de legalidad… imparcialidad, eficacia y buena fe, además, de haberse desarrollado con estricto apego a las disposiciones legales aplicables”.
También propone declarar concluido el proceso de revisión del ejercicio 2016 y advierte que hubo omisiones en la observación de la legalidad que no fueron justificadas, por lo que señala que habrá continuidad del procedimiento.