La Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado emitió un oficio preventivo dirigido a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) pidiendo que se considere un presupuesto en el próximo ejercicio fiscal dirigido a la consulta a pueblos indígenas que deberá realizarse en cumplimiento con las sentencias de las acciones de inconstitucionalidad 141/2022 y 152/2022 emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas por el partido Conciencia Popular y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra de la reforma a la Ley Electoral del Estado aprobada en 2022.
La SCJN invalidó las reformas a diversos artículos de la Ley Electoral por violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento en las consultas previas a los pueblos indígenas y a las personas con discapacidad.
La Corte ordenó que las declaraciones de invalidez surtan efecto a partir del día siguiente a que concluya el próximo proceso electoral de San Luis Potosí, el de 2024. Finalizado este proceso, el Congreso deberá realizar las consultas a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y a personas con discapacidad, a más tardar, dentro de los doce meses siguientes.
La Comisión de Asuntos Indígenas argumentó que hubo fallas en las consultas debido a la falta de planeación presupuestal por parte del Congreso del Estado, por lo que se solicitará a los integrantes de la JUCOPO que en su planeación presupuestal se considere lo correspondiente a estas consultas, que deberán ser realizadas por la siguiente Legislatura, con el fin de no volver a caer en el mismo error.