Comuneros de San Juan de Guadalupe de diversos grupos, consiguieron que no se desarrolle la asamblea de la comunidad en la que se pretendía alcanzar un acuerdo para cobrar 20 mil pesos a compradores de pequeñas propiedades, según para regularizarles sus predios ante el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS), con el afán de convertirlos en avecindados.
La mayoría de los 328 comuneros se oponen a la medida. El argumento para suspender la asamblea comunal, fue el hecho de que Aniceto Jasso Bravo no puede acreditar que sea presidente del comisariado de Bienes Comunales porque nadie le ha dado la autoridad para ello, al incumplir con los términos de la fórmula.
Además, advirtieron que como tal, la propuesta de cobrar dinero a quienes compraron los pequeños terrenos, de entrada es un fraude, porque la institución federal no cobra ese dinero y además no se cuenta con el consentimiento de los demás comuneros.