La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), condenó el exceso de uso de la fuerza pública de los elementos de la Dirección General del Seguridad Pública Municipal (DGSPM), en contra de María Teresa N., suplente de la titularidad de la Oficialía número 11 del Registro Civil.
El pasado martes, la alcaldía capitalina justificó dicho proceder contra la suplente de oficialía, porque supuestamente violó sellos y documentos oficiales en la oficina, de la que fue relevada del cargo.
Para el organismo autónomo local encabezado por Jorge Andrés López Espinosa, el actuar de los oficiales municipales es evidencia de “nulo” respeto por los derechos humanos.
Relató que la CEDH acudió como observador a petición de la víctima, por lo que se pudo constatar y documentar la actuación de la DGSPM, a cargo de Edgar Jiménez Arcadia.
“Comprobando que fue este servidor público quien ordenó el uso de la fuerza, sin que mediara orden judicial”, reprochó la institución.
Anunció que además de iniciar un expediente de queja contra la referida dependencia municipal, la víctima acudió a formalizar su queja.
Por su parte, líderes del Partido Revolucionario Institucional (PRD) y del Partido Verde condenaron la agresión a la oficial del Registro Civil y pidieron que los responsables, Sebastián Pérez y Edgar Jiménez, sean investigados y sancionados.
“Si Xavier Nava Palacios no despide a su jefe de Policía y a su secretario de Gobierno, es indicio de que él está involucrado tanto en los atropellos contra la oficial del Registro Civil como en las corruptelas que la abogada denunció”, estableció el presidente del PRD en el estado, Juan Ignacio Segura Morquecho.
Por su parte, el líder del Partido Verde en San Luis Potosí, Emmanuel Ramos Hernández, calificó de “inadmisibles” los actos cometidos por el director de Seguridad Pública Municipal, los cuales, aseguró, fueron ordenados por Sebastián Pérez García.
Coincidió en que Pérez García, Jiménez Arcadia, la coordinadora municipal de Derechos Humanos, Olga Palacios Pérez y demás funcionarios que participaron en el violento desalojo, deben ser investigados y en su caso, sancionados por la Contraloría Interna.