El avance y la distribución del Programa de Vivienda para el Bienestar en San Luis Potosí, estará directamente condicionado a la donación de predios por parte de los municipios, informó el titular de la oficina de representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
El funcionario explicó que, a diferencia de otros esquemas, no existe una asignación fija de viviendas para cada uno de los 59 municipios del estado, ya que la prioridad se establece en función de la disponibilidad de tierra que los ayuntamientos puedan aportar. Este mecanismo, dijo, busca evitar que el costo del suelo incremente el precio final de las viviendas para los beneficiarios.
De acuerdo con lo expuesto, la meta seccional del programa en la entidad es de 49 mil 930 viviendas, las cuales se irán concentrando en los municipios que hayan cumplido con la donación de terrenos. La operación del programa, principalmente a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), se sustenta en este requisito como condición básica para detonar los proyectos.
Hasta ahora, los municipios que han realizado donaciones son Cerro de San Pedro, Ciudad Valles y Tanlajás. En el caso de Charcas, detalló que ya se donaron 1.8 hectáreas, con posibilidad de ampliación, y el proyecto se encuentra en una etapa técnica previa al inicio de la construcción. También se analiza una vertiente en Matehuala, aunque el proceso permanece detenido debido a que el predio propuesto no alcanza una hectárea.
El representante de SEDATU señaló que las primeras acciones podrían arrancar en marzo, particularmente en Ciudad Valles, y recordó que el programa se implementa mediante tres vertientes: Conavi, Infonavit y Fovissste.
Precisó que Conavi atenderá a personas sin seguridad social, es decir, aquellas que no estén afiliadas ni a Infonavit ni a Fovissste, bajo esquemas de pago definidos por tablas de amortización y criterios de prioridad social. En ese sentido, se dará preferencia a personas con discapacidad, adultos mayores y posteriormente a jóvenes de entre 18 y 59 años que no han accedido a una vivienda.
Finalmente, reconoció que se han detectado variaciones en los cobros por instalación de servicios, principalmente en proyectos vinculados a Infonavit, con montos que pueden ir de 750 a 3 mil pesos, por lo que subrayó la necesidad de establecer orden y coordinación entre los distintos organismos que participan en la vivienda social del programa Bienestar.