El rosario de anomalías que encontró la Auditoría Superior del Estado (ASE) en el ejercicio de recursos de la Secretaría de Salud en el año de la pandemia indica que de cada 100 pesos que el gobierno de Juan Manuel Carreras López ejerció de manera anómala el año pasado, 73 pesos correspondieron a la dependencia que dirigió la doctora Mónica Rangel Martínez.
Pero pocos se sorprenderían, pues la inmensa mayoría de irregularidades ya fue ventilada públicamente, por parte de medios de comunicación u organizaciones ciudadanas.
La ASE dio a conocer ayer los reportes finales de auditoría del ejercicio de 2020 y otra vez, como en 2019 y 2018, fue la dependencia estatal con el mayor monto observado.
Acumuló 760 millones 015 mil 874.62 pesos observados en dos auditorías. En una realizada al gasto de fondos estatales alcanza los 792.8 millones de pesos. En recursos de la Federación, hubo 32.2 millones de pesos.
Entre las anomalías detectadas están las empresas fantasma usadas como proveedores, el sobreprecio en los bienes adquiridos, gastos injustificados, falta de control de productos, adjudicaciones directas sin justificar el fallo y pago a empleados de los que no hay siquiera evidencia de que hayan asistido a laborar.
Pruebas dudosas
Varios de los movimientos financieros dudosos de la Secretaría de Salud, y de los que registran un mayor monto de anomalías, ya se habían ventilado públicamente.
En septiembre pasado, varios medios revelaron que la dependencia pagó 85 millones de pesos a la empresa Tangamanga Innovaciones y Negocios SA de CV por pruebas Covid.
Además de no haber ningún antecedente de la empresa como proveedora de productos médicos, la empresa tenía un domicilio de una empresa fantasma usada por diputados de la Legislatura local antepasada.
La ASF observó esa operación al señalar que las pruebas tenían un sobreprecio de 235 por ciento, pues cada prueba la vendía a mil 740 pesos cuando su valor promedio en el mercado era de
740 pesos.
Millonarias conferencias
La operación por 40 millones de pesos mediante la cual la Secretaría de Salud contrato al particular Mauricio Ayala Gallegos para gestionar las conferencias de prensa diarias de la dependencia durante la pandemia y construir varias unidades centinelas también fue observada por la ASE.
Aunque hubo dos contratos por 40 millones de pesos, la ASE establece la presunción de que hubo un “probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública” en el pago de 30.7 millones de pesos, debido a que no se presentó evidencia de los mecanismos establecidos para la comprobación en la recepción de los servicios.
También presentó problemas de localización, pues su domicilio fiscal fue cambiado sin aviso y en otro en el que se le relaciona “no se identifica una empresa o negocio”.
Fantasmas
Sobre este punto, Tangamanga Innovaciones y Servicios SA de CV y Mauricio Ayala Gallegos son dos de los 68 proveedores de los cuales la ASE no pudo localizar en los domicilios fiscales manejados en los contratos con la SS.
La característica de los domicilios inexistentes o en los que no existe evidencia de una empresa es indicio de que se trata de una compañía conocida como “fantasma” o “facturera”, usada para conseguir comprobantes del ejercicio de recursos y aparentar un uso lícito del erario.
La ASE encontró que de 74 proveedores utilizados por la SS, sólo seis pudieron acreditar su existencia, que fue comprobada por la Auditoría in situ.
En varios casos, con la colaboración del servicio Postal Mexicano, la ASE se encontraba con cambios de domicilio no reportados o que el inmueble era una vivienda, sin indicios de que operaba una empresa. Por esta razón, la ASE emitió tres promociones de ejercicio de comprobación Fiscal para que el Servicio de Administración Tributaria requiriera a las empresas la evidencia de que cumplían con sus obligaciones fiscales.
Caminos del sur
La ASE también detectó que una empresa que proveía trabajadores de limpieza, aunque su giro era la seguridad privada, tenía registrados a sus empleados ante el IMSS en Acapulco, Guerrero.
Se trata de la compañía Hidalgo Vigueras Consultores en Tecnología (Hivico), a la que s ele pagaron 6 millones de pesos por servicios que la ASE puso en duda ante la imposibilidad de certeza de los reportes de asistencia del personal que limpió instalaciones de la SS.
La observación más cuantiosa, de 252.6 millones de pesos, corresponde a miles de insumos de protección sanitaria, como mascarillas, guantes, delantales, cubrebocas, filtros respiratorios, medicamentos, sustancias sanitizantes y otros productos de los que no hubo evidencia de que fueran recibidos en instalaciones de la SS ni que fueran repartidas en hospitales y clínicas.