La revisión de la Auditoría Superior del Estado (ASE) a la cuenta pública 2017 del ayuntamiento capitalino confirmó dos anomalías que fueron denunciadas por diversos sectores el año pasado: la ilegalidad de las licitaciones de obra pública declaradas desiertas, cuyos contratos luego fueron adjudicados directamente, y la adquisición irregular de medicamentos.
Ambos casos, de acuerdo al reporte de la ASE, cuya copia tiene este medio, generaron buena parte del monto observado por la ASE al ayuntamiento en la cuenta 2017: 301.1 millones de pesos.
De ese monto, la ASE consideró que hubo un daño patrimonial al erario municipal por 235.3 millones de pesos.
Así, en apenas un año, el gobierno municipal de Ricardo Gallardo Juárez pasó de no tener ninguna observación en su cuenta pública a rebasar el 40 por ciento del monto ejercido irregularmente por todos los entes fiscalizados por la ASE.
En 2016, el reporte de la Auditoría, cuando la dirigía Jesús Martínez Loredo, indicó que no tenía observaciones para el ayuntamiento y, por tanto, ni un solo peso fue considerado irregular.
Un año después, el monto irregular, producto de 56 observaciones, de las cuales 19 no pudieron ser solventadas y en 31, la ASE pidió investigación y sanciones para los funcionarios responsables.
El viernes, la ASE informó que los 113 entes auditados del estado habían sumado 719.8 millones de pesos en observaciones.
Con el reporte de la auditoría municipal en la mano, se concluye que el 41.8 por ciento de ese monto correspondió solamente al gobierno gallardista.
La ASE encontró irregularidades administrativas, en el manejo de los contratos de obra pública, sobreprecios, subejercicio millonario, pagos por obra no ejecutada, gastos incorrectos y la compra de 4 vehículos de los cuales no hay evidencia.
Denuncias fundadas
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) ha denunciado insistentemente en que el ayuntamiento realizó licitaciones de obra pública que luego declara desiertas, tan sólo para después adjudicar directamente los contratos.
El dictamen de la ASE a la cuenta pública 2017 del ayuntamiento confirmó ese esquema y lo declaró improcedente.
Se trata de al menos un contrato financiado con el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).
La ASE encontró que en este caso, el contrato se adjudicó de forma directa “en virtud de que se realizaron dos procedimientos de licitación pública, los cuales se declararon desiertos, lo cual esta Auditoría considera improcedente”.
Esto porque ambos concursos se consideran incorrectos ya que en ninguno de los casos se publicó en el sistema CompraNet.
Aunque el mecanismo es el mismo, el señalamiento de ASE por la anomalía es a una obra distinta a la denunciada por la CMIC.
En el primer caso, se trata de la reparación del Camino Real a Saltillo, mientras que la cámara se refería al remozamiento de Fray Diego de la Magdalena.
Además, también se declaró anómala la obra del Camino Real a Saltillo porque se fraccionó en 4 contratos, a pesar de que se trata de una misma vialidad, con lo que se incumplió la adjudicación por montos mínimos y máximos.
Otras once obras financiadas a través del Fortamun también presentan irregularidades en la adjudicación de sus contratos.
En materia de obra pública, las irregularidades en el FISM suman 28.1 millones de pesos, mientras que en la del Fortamun, fueron 66.4 millones, es decir, 94.5 millones en total.
Compras sospechosas
En materia de adquisiciones, la ASE también detectó varias irregularidades. Una de las más cuantiosas, por 61.8 millones de pesos en erogaciones contra la cuenta de Materiales y Suministros, pagadas sin evidencia documental de la aplicación correcta del gasto. Además, la adjudicación de los contratos no estuvo justificada tampoco.
Por situaciones similares, se observaron otros 58 millones en la cuenta de Servicios Generales.
En cuanto al manejo de productos farmacéuticos, bajo la polémica por el caso de Sandra Sánchez Ruiz, en este rubro se detectó una anomalía el año pasado.
Se trata de 21.2 millones de pesos observados en la cuenta de balance Almacén subcuenta Productos Químicos y Farmacéuticos, debido a que las operaciones contables registradas no fueron justificadas por la alcaldía.
Además, la ASE detectó la compra de 4 vehículos semi nuevos, por un monto de 993 mil pesos, de los cuales no hay rastro de licitación, ni evidencia de contrato y ni siquiera de a quién fueron asignados y si funcionan adecuadamente.
En casi todos los casos, la ASE marca que la alcaldía tuvo tiempo de solventar las irregularidades, pero que en 18 casos, los argumentos no fueron satisfactorios, por lo que las observaciones se consideraron sin solventar.