El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perfila desechar la demanda de la magistrada potosina Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, quien recurrió a la vía electoral para intentar conservar, durante 12 años, su plaza como secretaria proyectista en el mismo TEPJF mientras ejerce su cargo en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).
El caso quedó radicado en el expediente SUP-JDC-43/2026, donde la Sala Superior analiza un anteproyecto que propone desechar la demanda al considerar que el conflicto no es electoral, sino estrictamente administrativo-laboral.
Zarazúa Martínez fue electa magistrada estatal el 1 de junio de 2025, pero previamente se desempeñaba en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con sede en San Luis Potosí.
La controversia surgió cuando la Comisión de Administración del Órgano de Administración Judicial (OAJ) le negó la prórroga de una licencia indefinida sin goce de sueldo.
La magistrada solicitó que ese permiso se extendiera por los doce años que dura su encargo jurisdiccional; sin embargo, el 7 de enero de 2026, la autoridad administrativa federal determinó que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación fija en un año el límite máximo para este tipo de licencias.
Ante la negativa, promovió un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, al argumentar que la decisión carece de fundamentación y motivación y que la imposibilidad de conservar su plaza federal afecta su antigüedad, su proyecto de vida y, de forma indirecta, su derecho a ser votada, al impedirle reincorporarse al Poder Judicial de la Federación una vez que concluya su periodo como magistrada local.
El anteproyecto, elaborado por la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y apoyado en criterios previos como el expediente SUP-JDC-2406/2025, propone desechar de plano la demanda y deja a salvo sus derechos para que acuda a otra vía legal.
El documento fue circulado entre las magistraturas para su discusión y aún no constituye una resolución definitiva hasta que sea votado por el pleno de la Sala Superior.