Parece que Roy González Padilla, flamante Coordinador de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, está en una encrucijada, en la que tendría que renunciar a alguna de dos alternativas: mantener su cargo o continuar un litigio laboral que le aseguraría una plaza definitiva en el Legislativo y una jugosa indemnización.
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Su problema es que el nuevo cargo que ostenta hace incompatibles las dos situaciones. El Coordinador de Asuntos Jurídicos es el abogado del Congreso, y su tarea es representarlo en los litigios que pudiera enfrentar, incluyendo los de corte laboral.
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La demanda presentada en 2012, y en la que, según documentación del Congreso, al menos hasta junio pasado seguía sin resolverse, lo pone en los dos extremos de la ecuación legal: es juez y parte.
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Desde luego, cabe la posibilidad de que entre junio pasado y la fecha en que asumió el cargo, González Padilla se haya desistido del juicio laboral, lo que habría desactivado el conflicto. Pero no ha habido noticia pública del asunto.
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Aún con esa posibilidad, la actuación del funcionario legislativo podría ser sometida a un cuestionamiento: ¿por qué aceptar un cargo ante una instancia a la que demandó por lo que consideró fue una injusticia laboral? Y por el lado del Congreso, ¿estaba alguien enterado de la demanda y que darle el cargo de abogado del Legislativo sometería a ese Poder a un desgaste comprensible?
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Más a fondo: ¿el sistema de contratos temporales que impugna el ahora abogado legislativo no es una fábrica de demandas laborales?
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En su demanda de hace seis años, Roy González describía el sistema como un fraude laboral. Hace unas semanas, antes de que saliera la anterior Legislatura, se publicó en este diario una nota sobre las cuantiosas indemnizaciones otorgadas a personal por contrato temporal, que recibían trimestre tras trimestre al vencerse sus contratos, a la que se sumaba un jugoso finiquito por el fin de Legislatura.
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Abogados cuestionaron el procedimiento, pero el entonces presidente de la Jucopo, Héctor Mendizábal, minimizó el asunto y sin mayores justificaciones, dijo que era legal.
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El Congreso deberá definir con exactitud si este tipo de contrataciones no contribuye a generar demandas laborales como la que ahora puso a su abogado en una disyuntiva.
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Una real charada fue la que montó el anterior alcalde Ricardo Gallardo Juárez con la “inauguración” del rastro TIF.
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El perredista intentó engañar a la población presumiendo la apertura, por fin, de este elefante blanco, pero sólo acudió a posar para las fotos ante máquinas inservibles y un edificio que, al paso de otra administración, sigue siendo inútil.
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¿Cuántas obras y acciones de la pasada administración fueron meras simulaciones, como esta del rastro?
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¡HASTA MAÑANA!