La reforma a la Ley de Aguas Nacionales, aprobada ya por el Senado de la República, implica, entre otras deficiencias, riesgos de burocratización y la ausencia de mecanismos para resolver los conflictos que suelen generarse en las localidades por la gestión de las fuentes de agua disponibles.
Así lo consideró la profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y miembro del Grupo Universitario del Agua, Violeta Mendezcarlo Silva.
Explicó que la eliminación de las cesiones de concesiones existentes, como se plantea en la reforma, "solamente centralizará estos procesos burocratizándolos, ya que no se habla de ningún procedimiento en donde se reevalúe la idoneidad de la naturaleza de los usos de la concesión, lo que contradice el mencionado principio in dubio pro-aqua (en caso de duda se resuelva en favor de la protección del derecho humano al agua y al saneamiento), establecido en la misma propuesta".
Lamentó que, a pesar de que se busca fortalecer la gobernanza del agua, la reforma no establece MASC (Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias) para dirimir los conflictos que suelen darse en las localidades por la gestión de las fuentes de agua.
La académica señaló que, ahora, al derogarse la cesión de concesiones, cuando se realice una enajenación de un predio o cambio de propietario de un activo que incluya una concesión de agua, ésta volverá a manos de la autoridad del agua. Si el nuevo propietario desea seguir explotando el volumen de agua referido, deberá acudir de nueva cuenta a solicitar la concesión, aunque para estos casos habrá un procedimiento abreviado para entregar al solicitante la concesión sin variar el uso y los volúmenes ya establecidos.