La extorsión dejará de tratarse como un delito regulado desde lo local y pasará a enfrentarse bajo un marco federal. Así lo aprobó el Congreso del Estado, que avaló una reforma para ajustar su legislación y cambiar la forma en que se investiga y castiga este delito en la entidad.
Con estos cambios, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión se convierte en la norma principal para definir sanciones, agravantes y procedimientos. Las autoridades estatales deberán seguir atendiendo los casos que no sean competencia federal, pero ahora tendrán que hacerlo conforme a este marco y a las reglas nacionales de justicia penal.
La reforma también obliga a las corporaciones de seguridad pública a priorizar la prevención y persecución de la extorsión. En ese contexto, se creó el Centro Estatal de Atención a Denuncias por Extorsión, un espacio que concentrará los reportes ciudadanos, dará seguimiento a los casos y buscará facilitar la denuncia mediante herramientas tecnológicas.
Otro de los cambios impacta directamente en los centros penitenciarios, donde se deberán asegurar los controles para impedir llamadas, mensajes u otro tipo de comunicaciones ilegales, en especial en el caso de personas sentenciadas por extorsión. El incumplimiento de estas medidas podrá derivar en sanciones administrativas graves para las personas servidoras públicas responsables.
Además, la Fiscalía General del Estado (FGE) deberá trabajar en sus áreas especializadas y colocar este delito como una prioridad dentro de sus planes de investigación. La reforma fue incorporada como parte del proceso de armonización de la legislación estatal con el marco federal.