El Congreso del Estado aprobó una reforma constitucional que modifica los requisitos para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), con la que se amplía el universo de perfiles que podrán competir por el cargo, se reduce el requisito de residencia en San Luis Potosí y se establecen nuevos "candados" para la elegibilidad.
La reforma fue avalada con 17 votos a favor, cero abstenciones y seis en contra. Los seis votos en contra correspondieron a la bancada de Morena, cuyos integrantes cuestionaron principalmente la rapidez con la que fue procesado el dictamen, así como la falta de justificación suficiente para algunos de los cambios. Las y los legisladores morenistas señalaron que una reforma constitucional de esta relevancia requería mayor análisis, deliberación y revisión jurídica.
En la sesión extraordinaria se registraron además ausencias de legisladores. Entre ellas estuvieron las diputadas Leticia Vázquez Hernández, del Partido del Trabajo; Mireya Vancini, del PAN, y Nancy Jeanine García, de Morena, además de otro legislador que no participó en la votación. Pese a estas ausencias y al rechazo de Morena, la mayoría del Pleno aprobó las modificaciones.
Uno de los principales cambios consiste en eliminar el requisito de ser originario de San Luis Potosí. Ahora bastará con ser mexicano por nacimiento y acreditar dos años de residencia en el estado, cuando anteriormente se exigían cinco. También se redujo a cinco años la experiencia profesional mínima y se amplió el tipo de trayectoria que podrá acreditarse, incluyendo litigio, docencia, investigación jurídica, servicio público y asesoría legal.
La reforma también establece "candados" de elegibilidad; no podrán ocupar la titularidad de la FGE quienes estén inscritos en el padrón de deudores alimentarios morosos, tengan sentencia firme por violencia de género, violencia familiar o delitos sexuales, ni quienes hayan sido inhabilitados por faltas administrativas graves.
Además, se incorporó un artículo transitorio relacionado con la continuidad del periodo de la actual fiscal general, Manuela García Cázares, con el objetivo de evitar vacíos legales respecto a su permanencia en el cargo.