La presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, Nancy Jeanine García Martínez, se pronunció por realizar un análisis técnico conjunto del proyecto hídrico Monterrey VI y de sus posibles efectos en las entidades involucradas.
La legisladora reconoció la necesidad de Nuevo León de garantizar su abastecimiento, pero consideró que la propuesta debe ser evaluada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Gobierno federal y las autoridades de los estados relacionados con el proyecto.
"Es comprensible la insistencia de Nuevo León porque se encuentra en números rojos por la falta de agua", señaló. Sin embargo, sostuvo que también deben revisarse otras alternativas de abastecimiento y los proyectos que podría desarrollar la Federación.
García Martínez aclaró que el Congreso de San Luis Potosí no tiene facultades para autorizar o detener Monterrey VI, debido a que se trata de un asunto de competencia federal. No obstante, indicó que el Legislativo local podría participar mediante opiniones, análisis o exhortos.
La diputada aseguró que la Comisión del Agua mantendrá la coordinación con la Conagua y el Gobierno federal para revisar las estrategias relacionadas con el aprovechamiento y la distribución del recurso.
También consideró necesario evaluar las cuencas, los acueductos y los puntos de abastecimiento que podrían verse involucrados, con el propósito de determinar la disponibilidad real del agua y las consecuencias que tendría la ejecución del proyecto.
Subrayó que cualquier decisión deberá respetar el derecho humano al agua y el principio de justicia hídrica, sin poner en riesgo el suministro de comunidades o entidades que dependen de las mismas fuentes.
"Hay que ver qué estrategias en materia de infraestructura hídrica son convenientes o no, porque tampoco podemos dejar sin agua a nadie", puntualizó.
La legisladora no fijó una postura a favor o en contra de Monterrey VI ni presentó información técnica sobre su viabilidad. Insistió en que cualquier definición deberá sustentarse en estudios sobre disponibilidad, distribución e impacto para los estados involucrados.