El Congreso local rechazó una iniciativa que buscaba castigar penalmente a empresas o desarrolladores de plataformas de Inteligencia Artificial que generen asesorías profesionales sin la participación directa de especialistas con título y cédula.
Las y los legisladores consideraron que la propuesta pretendía responsabilizar a los creadores de estas herramientas por el uso que terceros puedan darles.
La propuesta fue presentada por el abogado José Mario de la Garza y planteaba modificar el Código Penal estatal para equiparar estas prácticas al delito de usurpación de profesión.
El planteamiento contemplaba sancionar a quienes, con fines de lucro o dentro de una actividad empresarial, diseñaran o comercializaran sistemas automatizados capaces de elaborar recomendaciones, dictámenes o documentos en áreas como derecho, medicina, finanzas o administración sin la intervención directa de un profesionista legalmente acreditado.
Durante la revisión de la iniciativa, integrantes de la Comisión Primera de Justicia advirtieron que la propuesta trasladaba la responsabilidad penal a los desarrolladores de plataformas tecnológicas, al pretender que respondieran por el uso indebido que los usuarios finales pudieran dar a estas herramientas.
El planteamiento surgió en medio del crecimiento de plataformas basadas en IA que ofrecen respuestas y orientación especializada de forma automatizada, un fenómeno que ha transformado la forma en que las personas buscan información profesional y que en distintos debates se ha identificado como un proceso de "desintermediación" entre especialistas y usuarios.