El Congreso del Estado de San Luis Potosí reconoció que no cuenta con recursos suficientes para realizar las consultas indígena y de discapacidad ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo costo total se estima entre 18 y 20 millones de pesos.
De acuerdo con una proyección presentada a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la consulta indígena requeriría entre 12 y 14 millones de pesos, mientras que la dirigida a personas con discapacidad oscilaría entre 4 y 6 millones. El cálculo toma como referencia los más de 8 millones de pesos ejercidos en un proceso similar en 2022, ajustados por inflación y por los costos operativos que establece la ley, como traductores, personal técnico, logística y trabajo en comunidades.
El diputado Héctor Serrano Cortés explicó que el cumplimiento de la sentencia contempla 13 etapas; sin embargo, el proceso permanece detenido en la segunda fase, correspondiente a la disponibilidad presupuestal. Aunque el Congreso ya formalizó la figura del "ente consultante", no ha sido posible avanzar a la etapa operativa.
La falta de recursos ocurre en el contexto de una reforma aprobada por el propio Congreso, que prohíbe a las legislaturas estatales autorizar incrementos reales al presupuesto a partir de 2026, lo que limita la posibilidad de destinar recursos adicionales para este fin.
Ante este escenario, el área jurídica del Legislativo prevé consultar a la SCJN sobre la viabilidad de ajustar algunos mecanismos del procedimiento establecido en la ley indígena, con el objetivo de reducir costos. No obstante, cualquier modificación deberá contar con el aval de las comunidades involucradas.