El Congreso del Estado aprobó este martes, con 22 votos a favor y dos abstenciones, el dictamen que autoriza a la Secretaría de Finanzas a mover recursos del presupuesto 2025 ante "situaciones extraordinarias".
Fue una sesión sin debate real, pero con una fe desbordada: discursos de justicia social para vestir un decreto que, en los hechos, solo amplía la discrecionalidad del Ejecutivo.
La reforma fue impulsada por la diputada oficialista María Dolores Robles Cháirez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y encontró en la bancada de Morena a sus más fervientes defensores. Pero también —paradójicamente— a las únicas dos diputadas que se abstuvieron.
Dictaminada con prisa por la Comisión de Hacienda del Estado, la propuesta parece técnica, pero en la práctica, es un cheque en blanco para que Finanzas reacomode dinero a discreción.
El primero en subir fue Cuauhtlí Badillo, quien presentó el voto de Morena como un acto de empatía. "Es vital dotar al Estado de flexibilidad financiera", dijo, convencido de que con ello se garantizarían pagos a pensionados, maestros y a la UASLP.
El problema: el decreto no menciona a todos. Solo aparecen, con nombre y apellido, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Poder Judicial, el CEEPAC, el Congreso del Estado y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, éste último premiado con recursos aunque, hasta donde se sabe, no los había pedido. Es como cuando se premia a la mascota por sentarse sin que nadie se lo ordene.
Después vino Crisógono López, de Nueva Alianza, el eterno creyente del Congreso. Subió con una voz entre súplica y fe, pidiendo que el decreto se traduzca en pagos al sector educativo. No es la primera vez que lo chamaquean. Pide con fe, recibe nada.
Luego vino la inocencia de Luis Emilio Rosas, también de Morena, con su catecismo de buenas intenciones. Habló de movilidad, del sistema electoral, del Poder Judicial y de la universidad. En su discurso todos ganaban; en el decreto, casi nadie.
Peor aún: los pocos beneficiados tendrán apenas unas semanas para gastar lo que les toque antes del cierre del ejercicio. Su sermón se evapora en el calendario.
El cierre del bloque lo dio José Roberto García, el aún —aunque usted no lo crea— coordinador de Morena. Acompañó el voto a favor, pero admitió lo obvio: el magisterio no aparece en el decreto. Pidió explicaciones que nadie supo darle, aunque igual votó a favor.
Prometió que Morena "no da cheques en blanco", pero el suyo ya estaba firmado.
El resto del Congreso optó por el silencio. Solo dos diputadas, Gabriela Torres y Nancy Jeanine García, ambas de Morena, se abstuvieron: una rareza en un Pleno acostumbrado al alineamiento automático.
Y mientras el salón se llenaba de palabras sobre "responsabilidad financiera", el presidente de la Jucopo, Héctor Serrano, ya había despejado cualquier ilusión de transparencia: el dinero que recibe el Congreso —casi diez millones de pesos— no será para consultas ni foros ciudadanos. Esas, dijo, se harán con recursos de 2026.
Serrano sabe que con diez millones a discreción y sin obligación de consultar a nadie, tiene suficiente para arruinar la Navidad del pueblo y alegrar la de sus cómplices —digo, sus diputados—.
Al final, más allá de los sermones, el decreto redistribuye 4 mil 963.7 millones de pesos. En esa cifra caben todas las proporciones de la fe: 206 millones para la UASLP, 110 millones para el CEEPAC, 109.7 millones para el Poder Judicial, 9.9 millones para el Congreso y 3 millones para el IFSE. El resto —4 mil 525 millones— quedan en manos del Gobierno.
Así terminó la sesión: con diputados que hablaron de justicia y aprobaron contabilidad.
El dinero no cambió de destino, solo de manos.
Y la fe, como suele ocurrir en el Congreso, volvió a ser más abundante que las certezas.