El recorte presupuestal de 29.2 millones de pesos impuesto por el gobierno del estado al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), la negativa a aprobar una ampliación presupuestal y el retraso en las ministraciones de este año ponen en riesgo la celebración de una consulta indígena municipal y el acatamiento de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, advirtió el Instituto Nacional Electoral.
En el reporte “Situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales respecto del ejercicio fiscal 2022”, presentado por el Consejo General del INE el pasado 18 de marzo, se establece que San Luis Potosí enfrenta un riesgo presupuestal moderado, al ubicarse el Ceepac como el décimo órgano público local electoral con mayor porcentaje de recorte presupuestal, con una reducción del 36.4 por ciento.
Este año, el organismo había solicitado un presupuesto operativo de 80.1 millones de pesos, pero el gobierno estatal y el Congreso sólo autorizaron 50.9 millones de pesos.
El año pasado, indica el reporte, la reducción fue de 40.6 millones de pesos.
Además, el Ceepac es el único órgano electoral del país al que el gobierno del estado le negó una solicitud de ampliación presupuestal, lo que ocurrió el pasado 11 de marzo. El Consejo pedía 29.2 millones de pesos más.
“La Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado rechazó la solicitud de ampliación presupuestal formulada por el organismo y que éste debía ajustarse al presupuesto asignado originalmente”, indica el reporte.
Además, el estudio revela que la dependencia estatal adeuda 1.2 millones de pesos en ministraciones para gasto operativo de enero, febrero y marzo, además de que para financiamiento público de los partidos, se adeuda el monto total de febrero y marzo.
El recorte presupuestal podría afectar proyectos como una consulta indígena municipal para su posible cambio de sistema electivo, así como para la operación del acatamiento de la sentencia de la Sala Regional Monterrey del TEPJF que ordena la inclusión de representación indígena en la Comisión Temporal de Inclusión del organismo.