A semanas de que venza el plazo para cumplir con mandatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso del Estado no ha definido cómo realizará al menos tres consultas públicas obligatorias.
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) rechazó acompañar la organización de los procesos al considerar que la responsabilidad corresponde directamente al Poder Legislativo.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Héctor Serrano Cortés, confirmó que el organismo electoral no aceptó participar en la organización de las consultas pendientes por resolución judicial.
"El propio Congreso tiene facultades para designar alguna posibilidad a través de una institución para que se realice la consulta. Esta tiene que desarrollarse antes de que concluya el mes", declaró en entrevista.
Adelantó que solicitará una reunión con la presidenta del Ceepac para precisar las razones del no acompañamiento. Desde el órgano electoral se sostuvo que el marco legal no le atribuye esa función.
De acuerdo con la ley en la materia, los poderes del Estado, municipios e instituciones obligadas a consultar a comunidades indígenas son considerados "consultantes", y las entidades normativas están definidas por ámbito: en el Judicial, la Comisión de Justicia de Pueblos Originarios del Supremo Tribunal de Justicia; en el Ejecutivo, el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas; en el Legislativo, la Comisión de Asuntos de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas; y en los municipios, los representantes indígenas ante los ayuntamientos, con asesoría técnica del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
El Ceepac indicó que durante la reunión con la JUCOPO se escucharon los planteamientos del Congreso y se expusieron las atribuciones del organismo.
Argumentaron que la obligación de realizar las consultas deriva de un mandato emitido por la SCJN, por lo que la responsabilidad es directa e intransferible del Congreso local.
La solicitud de apoyo al órgano electoral surgió tras una reunión celebrada en diciembre con magistrados de la Corte, donde se revisaron los alcances legales de las consultas ordenadas.
Ante la falta de presupuesto y la presión por cumplir los fallos judiciales, el Congreso optó por buscar la intervención del Ceepac al considerar que cuenta con capacidad operativa.
Entre las consultas pendientes se encuentran la relacionada con el cambio del sistema de partidos a usos y costumbres en comunidades indígenas; otra vinculada con derechos humanos; y la consulta en materia de educación inclusiva para personas con discapacidad, luego de que la Corte invalidara un capítulo completo de la Ley de Educación del Estado por haberse aprobado sin consulta previa.
En total, el Congreso mantiene al menos tres consultas obligatorias sin haberlas realizado.