A través de un acuerdo modificatorio firmado por el gobierno de San Luis Potosí, éste acepta solventar prestaciones y beneficios diversos para trabajadores del sector salud federalizado que el sistema IMSS-Bienestar no solventará, lo que aumentaría la carga financiera por la federalización del sistema de Salud.
El segundo acuerdo modificatorio sobre el mecanismo que federalizará la prestación de los servicios de salud en la entidad fue publicado el 19 de diciembre pasado en el Diario Oficial de la Federación. El documento elevaría la carga de obligaciones financieras que este proceso le ha generado a las arcas estatales, que en noviembre pasado, cuando se diseñó el presupuesto del año entrante, la Secretaría de Finanzas ubicó en mil 233.6 millones de pesos.
La comparación de este segundo convenio modificatorio y las dos versiones previas, la original de diciembre de 2023 y la primera modificación, de marzo de 2024, muestra una evolución significativa de las obligaciones que le corresponden a San Luis Potosí en materia de sustitución patronal y un control financiero más estricto por parte de la Federación.
En este sentido, la última modificación formaliza una cláusula de castigo financiera que no existía originalmente, pues marca que si el gobierno estatal incumple con las transferencias que le corresponden, otorga el consentimiento irrevocable para que la SHCP la compense con reducciones equivalentes en las participaciones federales.
El plazo para realizar esta reducción quedó establecido en sólo cinco días.
En cuanto a las obligaciones de nómina, el convenio establece que el IMSS-Bienestar sólo será responsable de las prestaciones de aplicación general, por lo que cualquier beneficio o prestación adicional que el Estado otorgaba a sus trabajadores antes de la transferencia sigue siendo responsabilidad financiera exclusiva de la autoridad local.
En contraparte, en el convenio modificado, el organismo federal asume formalmente el carácter de patrón para el personal médico transferido y pagado por él, liberando al Gobierno del Estado de la relación laboral una vez formalizada la sustitución.