La controversia constitucional anunciada por el Ayuntamiento de San Luis Potosí sería la primera que enfrente esta Legislatura, como consecuencia de sus reformas aprobadas, en este caso por el cambio de uso de suelo de la Zona Industrial.
El diputado Rubén Guajardo Barrera explicó que la controversia que se interponga deberá ser atendida directamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Informó que no es la primera vez que el Ayuntamiento de la capital utiliza este recurso jurídico.
“Es un proceso que ya ha sucedido anteriormente en San Luis Potosí, por ejemplo la controversia para vender terrenos que tenga cada Ayuntamiento, que en su momento Jorge Lozano presentó en 2009 una y la SCJN le dio la razón al Ayuntamiento, entonces no es la primera vez que se hace una controversia por parte del Ayuntamiento ante un decreto aprobado por el Congreso”, comentó.
Asimismo, en 2019 el Ayuntamiento de la capital, presidido por Xavier Nava Palacios, interpuso una controversia en contra del Congreso que invalidó fracciones de los artículos 57 y 115 Constitución Estatal, que facultaba a la Legislatura local a autorizar la enajenación y gravamen de los bienes municipales, esto debido a que desde 1999 se facultó a los municipios para administrar su patrimonio en Constitución Federal y se ordenó a los Congresos locales homologar dicha reforma, acto omitido por el Congreso de San Luis Potosí desde entonces.