Dentro de la explicación del estado particular de la pandemia de COVID-19 en los estados que ha venido analizando la Secretaría de Salud del gobierno federal, le toco ayer el turno a San Luis Potosí, y lo que se puede sacar en claro de esa exposición es que la situación actual que enfrenta el estado puede generar todo tipo de reacciones, menos sorpresa.
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Al menos en las últimas diez semanas, San Luis Potosí ha sido escenario de un aumento constante de las estadísticas del coronavirus, que se ha disparado desde el pasado 10 de julio. Un día antes, el nueve, fue la última jornada con menos de cien contagios y el viernes, fue la primera con más de doscientos contagios.
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El incesante crecimiento de la enfermedad, y la consecuente afectación de la infraestructura hospitalaria han traído a la entidad a lo que ahora enfrenta: el retorno del semáforo rojo.
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Las autoridades de los tres niveles de gobierno lo vieron venir, pero no variaron una política totalmente repelente al más mínimo endurecimiento de las restricciones a la movilidad ciudadana, el detonante de la ola de contagios y decesos que hoy atestiguamos.
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Las garantías individuales y derechos humanos son esenciales, pero hay momentos en el que un bien mayor requiere afectarlas. Las Leyes lo prevén, pero estamos ante autoridades que no van a tomar esa decisión.
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Y también, no nos engañemos, la ciudadanía también vio las señales del desastre, pero no varió en nada la tendencia de salir a la calle sin la justificación debida ni las medidas de seguridad sanitaria requeridas. Tampoco parece, por desgracia, convencida de que para romper el ciclo de más gente en la calle y más contagios, hay que quedarse en casa.
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El regreso al punto de partida deben de convencer a ambas partes de la ecuación de que debe haber cambios de estrategia y de actividades. No hacerlo sería persistir en los errores y continuar la escalada.
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Otro de los puntos interesantes de la conferencia vespertina de la Secretaría de Salud fue la revelación de que son Ciudad Valles y Tamazunchale los municipios con una mayor incidencia de casos, con mucho, por encima de la zona metropolitana de San Luis y la capital.
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Sus alcaldes deben dar explicaciones. Pero también se recuerda que la Secretaría de Salud había puesto sus prioridades de atención, precisamente con el argumento de que eran los puntos más álgidos de la pandemia.
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El tiempo demostró que la Secretaría de Salud no acertó.
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El reporte de la cuenta pública estatal del segundo trimestre del año evidencia el tamaño del boquete financiero que causó la pandemia al erario.
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Las instituciones del gobierno estatal dejaron de erogar casi 900 millones de pesos. Y para cómo van las cosas, ese agujero podría seguir creciendo.
¡HASTA MAÑANA!