Un total de 50 agresiones a periodistas y defensores de Derechos Humanos, "pata coja" en el Sistema Estatal Anticorrupción, 41% de cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género y desdén de municipios al interior del estado para atender las medidas sanitarias contra la Covid-19, fue parte de la información divulgada por Jorge Daniel Hernández Delgadillo, titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado al comparecer ante el Poder Legislativo.
Ante los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, dijo que la entidad potosina cuenta con cuatro Centros de Justicia para Mujeres (CJM), un diagnóstico de tipos de violencia por regiones y municipios, así como unidades de género en las dependencias estatales.
Aseveró que después de Colima, San Luis Potosí es el segundo lugar a nivel nacional con 41% en el cumplimiento de las medidas decretadas por la declaratoria deAlerta de Violencia de Género (AVG), según datos de la Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Reportó que en el sexenio la administración carrerista envió 70 iniciativas al Poder Legislativo, que van desde la protección a los Derechos Humanos hasta acciones para la protección de las mujeres.
Reprochó que, pese a tener conocimiento del riesgo de contagios, distintas municipalidades, entre ellas Rioverde, no cumplieron con la suspensión de parajes turísticos, lo cual se tradujo en el aumento de personas infectadas con el nuevo coronavirus.
Mencionó el caso del antro "Jotas Room" -ubicado en el barrio de San Sebastián- en la capital potosina, cuya intervención no está vinculada a una cuestión de discriminación, sino por el interés público de la salud de la ciudadanía.
Informó que en la actualidad, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) tiene asignados a 55 policías y 10 vehículos civiles y policiales, para el cumplimiento de las medidas de protección periodistas y defensores de Derechos Humanos.
Indicó que la unidad de seguimiento da atención activa a 50 asuntos, 38 periodistas y 12 defensores de Derechos Humanos, de los cuales 15 están incorporados al mecanismo federal de la Secretaría de Gobernación (Segob), 11 periodistas y 4 activistas.