Aunque en los últimos cuatro años San Luis Potosí se posicionó en el panorama nacional e internacional por la llegada de la automotriz BMW o el regreso del fútbol profesional a través de un equipo filial del Atlético de Madrid de España, en el mismo periodo al menos 99 familias quedaron enlutadas por el feminicidio de una de sus integrantes. El 75.75% de ellas tenía entre 11 a 40 años de edad.
Cada familia llora, acude al cementerio a llevar flores cada aniversario luctuoso, tiene pesadillas, pasa por el lugar donde desecharon el cadáver de su ser querido o mira por horas el vestido y zapatillas favoritas guardadas en el clóset, porque no se puede vivir sin dejar atrás aquel rostro inerte en el féretro.
A ellas como al millón 449 mil 804 mujeres residentes del estado las alcanzó la fatídica realidad plasmada por la CEDH el 20 de noviembre de 2015, pues en la presentación de un informe especial sobre los feminicidios, identificó 169 muertes violentas de mujeres entre 2011 y el 15 de noviembre de 2015.
De ellas, el 72.2% se concentró en seis municipios: 66 en la capital; 22 en Soledad; 10 en Tamuín; 10 en Ciudad Valles; ocho en Tamazunchale y seis en Matehuala.
Calca criminal; omisión gubernamental
Desde el 21 de junio de 2017, día en que se declaró la Alerta de Violencia de Género (AVG) para seis municipios de la entidad, hasta el 31 de mayo de 2021, la Fiscalía abrió 99 indagatorias por feminicidio con igual número de víctimas.
De ellos, el 2019 fue el año en que más carpetas de investigación se iniciaron al registrarse 28; en 2018 y 2020 se reportaron 27 cada año; 12 al 31 de mayo de 2021 y 5 del 21 de junio al 31 de diciembre de 2017.
Los asesinatos por motivos de género se suscitaron en 25 de los 58 municipios del estado, de los cuales cinco cuentan con la AVG, excluyéndose Tamuín, reportaron al menos un feminicidio, es decir, la capital potosina, Ciudad Valles, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala y Tamazunchale.
Llama la atención que la capital, gobernada en dicho período por Ricardo Gallardo Juárez del PRD (2015-2018) y Francisco Xavier Nava Palacios del PAN (2018-2021), concentra el 36.36% de los asesinatos, 36 atentados mortales.
Aunado a ello, Soledad, gobernado por Gilberto Hernández Villafuerte del PRD (2015-2018, 2018-2021), también con la AVG, se posicionó como el segundo con más feminicidios al registrar nueve, el 9.09%.
Con seis muertes se ubicó Matehuala, encabezado por Alejandro Segovia Hernández del PVEM, que equivale al 6.06%. Ciudad Valles por el independiente Adrián Esper Cárdenas –antes de las elecciones del 6 de junio- y Tamazunchale por Antonio Acosta Medina del PAN, cada uno con dos feminicidios.
En suma, los cinco municipios concentran el 55.55% de los asesinatos de potosinas, 55 fallecimientos desde la declaratoria que busca establecer acciones para disminuir la violencia feminicida.
La numeralia alerta que el 75.75% de las potosinas asesinadas tenían entre 11 a 40 años (75 víctimas), y el 33.33% de 21 a 30 años (33 víctimas). Destaca que tres de las mujeres fallecidas tenían de 0 a 10 años.
En el mismo lapso se iniciaron 128 averiguaciones por homicidio doloso de mujeres con 130 víctimas. Tal incidencia delictiva tiene prácticamente las mismas similitudes con los feminicidios, ya sea en grupo etario o de municipio.
Ello, porque el 66.15% de las investigaciones las mujeres ultimadas tenían 11 a 40 años (86 víctimas); y los mismos municipios con AVG centralizan el 59.23% de tal delito (77 víctimas).
El 2018 fue el año con más averiguaciones por feminicidios perpetrados y el 2020 fue el de más asuntos por homicidios dolosos con 30 muertes.
Salir para nunca volver
De las 126 averiguaciones previas o carpetas de investigación abiertas por la FGE, de 2015 al 31 de mayo de 2021 por feminicidio, previo a confirmarse la muerte, 21 de las potosinas tenían reporte de desaparición.
El 2017 y 2020 fueron los años con más asuntos de esas características con cinco en cada uno; cuatro en 2019; tres en 2018; tres hasta el 31 de mayo de 2021 y uno en 2016.
San Luis Potosí es el principal municipio donde se suscitó la no localización y posterior asesinato al registrarse 10 carpetas de investigación; en cino se desconoce dónde estaba desaparecida la víctima; tres en Rioverde y en Ciudad Valles, Aquismón y Ciudad Valles, cada uno con una indagatoria.
De la totalidad, 12 tenían entre 11 y 30 años de edad, es decir, que en ese grupo etario se concentró el 57.14% de las mujeres en dicha condición; cuatro de 31 a 40 años; dos de 41 a 50 años; dos de 51 a 60 años; y una de 0 a 10 años.
El enemigo en casa
Los seis ayuntamientos con AVG reportaron de 2015 a junio de 2021 un total de 49 mil 195 intervenciones de la policía municipal en asuntos de violencia familiar, consta en diferentes respuestas a solicitudes de información vía Infomex.
Ello representa el 95.18% de los 51 mil 682 reportes en donde actuaron elementos de las Direcciones Generales de Seguridad Pública Municipal (DGSPM) de 38 de los 58 municipios del estado.
Sin embargo, solamente en el 6.73% de los casos los elementos policiales realizaron detenciones, es decir, 3 mil 315 personas remitidas.
En tanto, la Zona Metropolitana, conformada por Soledad (11 mil 798) y la capital (27 mil 809), ubicados en la Zona Centro, concentró el 76.63%, es decir, 39 mil 607 hechos violentos.
Le siguió Ciudad Valles con 6 mil 015; Matehuala con 2 mil 719; Tamazunchale con 832; y Tamuín con 22 auxilios.
La corporación de seguridad camelense reportó que, de las 2 mil 719 atenciones, en 118 (4.33%) asistencias la parte afectada pidió no proceder en contra del agresor.
Tampoco sirvió el dinero
En los poco más de cuatro años de la implementación de la estrategia emergente, los seis municipios con AVG y el Gobierno del Estado, dispusieron un monto de 56 millones 371 mil 100.96 pesos, 32 millones 207 mil 600.20 pesos por los municipios y 24 millones 163 mil 500.76 pesos correspondiente al Ejecutivo.
Lo anterior resulta de los reportes de egresos destinados para la AVG, facilitados por las autoridades en diferentes respuestas a solicitudes de información. Solamente Tamuín y Tamazunchale no informaron nada al respecto.
San Luis Potosí encabeza el listado con 21 millones 155 mil 744.20 pesos; y Soledad con 9 millones de pesos, sin embargo, en la respuesta que facilitó solo se detectó tal cantidad, pero posiblemente haya más recursos dado que en la información no se ubicó porque no estaba etiquetada.
Matehuala con un millón 851 mil 856 pesos y Ciudad Valles con 200 mil pesos. En el caso de lo destinado por el Poder Ejecutivo en 2021, es decir, 5 millones 366 mil 153.32 pesos, todavía están pendientes de ser entregados por la Federación.
Una aproximación para entender la AVG
La violencia es producida por un conjunto de desigualdades que se materializan en un inacceso a derechos, las cuales corresponden a la excesiva precarización en la que viven las mujeres, y en consecuencia, eso las hace más vulnerables a experimentar diversas formas de vida, advierte Urenda Queletzú Navarro Sánchez, profesora-investigadora de la Facultad de Derecho de la UASLP.
Dicha carencia estructural deriva, por ejemplo, en la falta de un trabajo digno, que a su vez le resta autonomía e incide directamente en la posible dependencia de sus agresores o la incidencia de buscar formas alternativas de subsistencia.
Ahonda en que la declaratoria se convierte en el único mecanismo de exigibilidad de las mujeres, para demandar al estado que se garantice el derecho a una vida libre de violencia.
Aduce que uno de los primeros fallos de la medida fue la instrumentación, pues cuando se hizo una valoración de lo que debía considerarse para tomar decisiones que condujeran a la erradicación, no se profundizó en las necesidades estructurales requeridas.
Argumenta que su aplicación requiere de políticas publicadas de doble vía, es decir, aquellas tendientes a combatir lo estructural y las enfocadas a lo emergente.
Puntualiza que son medidas estándar para todos los estados, y sin considerar las particularidades de la entidad y mucho menos las características de los municipios, traduciéndose en que, aunque se les dé cumplimiento y destine recurso, no haya una correlación entre las medidas adoptadas y la disminución de la violencia.
A más de mil 550 días en que el estado admitió y se comprometió a reaccionar con urgencia frente a la violencia de género, que muchas veces cobra la vida de niñas, adolescentes, jóvenes y adultas, la realidad es desalentadora porque diariamente al abrir las páginas virtuales o de papel de la prensa, lejos de leer encabezados sobre mujeres exitosas y destacadas, se contabiliza una víctima más de la misoginia mortal.