La reforma al decreto de creación de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial del Estado el pasado 31 de diciembre de 2025, cerró el año con una actualización legal que, más que anunciar transformaciones inmediatas, vino a dar sustento jurídico a ajustes que ya se venían aplicando de manera paulatina en la institución, sin mayor debate público ni posicionamientos visibles de la comunidad universitaria.
El nuevo marco normativo amplía de forma explícita las facultades educativas de la Politécnica, al autorizarla para impartir desde educación media superior hasta estudios de posgrado, incluyendo esquemas de Técnico Superior Universitario, licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorados, además de programas de certificación y educación continua. Con ello, la universidad deja atrás un perfil estrictamente orientado a la educación superior tecnológica y consolida una oferta académica más diversificada, acorde con el modelo cuatrimestral que ha venido sustituyendo gradualmente a los programas tradicionales.
Esta adecuación responde, en buena medida, a la necesidad de armonizar la normatividad interna con la Ley General de Educación Superior, que establece lineamientos de planeación, evaluación constante y flexibilidad académica. En ese contexto, el decreto incorpora formalmente a la Universidad Politécnica al Sistema Nacional de Educación Superior y al subsistema de educación tecnológica, alineándola con directrices federales que privilegian la vinculación con el sector productivo y la diversificación de modalidades educativas.
En el plano administrativo, la reforma reafirma a la Junta Directiva como el órgano máximo de gobierno, al tiempo que precisa su integración y fortalece su intervención en decisiones estratégicas. De manera paralela, se amplían las atribuciones de la Rectoría para proponer modificaciones a la estructura académica y administrativa, lo que otorga mayor margen de maniobra a la dirección universitaria, aunque bajo el aval formal de la Junta.