El integrante del Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM), Juan Felipe Cisneros Sánchez, criticó la postura del director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, respecto a la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo federal, al considerar que se limita a una lógica de representación parlamentaria liberal que no responde a las demandas de autonomía de los pueblos originarios.
De acuerdo con Cisneros Sánchez, el argumento del titular del INPI, basado en el incremento de legisladores indígenas, que pasó de 13 en 2018 a 39 en 2024, presenta estas cifras como una validación del mecanismo de autoadscripción calificada y de la participación dentro de los partidos políticos. Sin embargo, señaló que aunque esta mayor presencia tiene un valor simbólico, resulta insuficiente y podría incluso representar un retroceso frente a la exigencia de construir un Estado verdaderamente plurinacional.
El especialista explicó que la propuesta mantiene una visión institucionalista y gradualista, ya que conserva la subordinación de la representación indígena al sistema de partidos. Esto, dijo, genera una tensión entre la lealtad partidista y la agenda comunitaria, pues obliga a los representantes indígenas a operar dentro de estructuras políticas ajenas a las formas de organización de sus pueblos.
Cisneros Sánchez señaló tres puntos centrales en su crítica. El primero es la subordinación al sistema de partidos, ya que la participación indígena sigue dependiendo del sistema electoral ordinario y no de mecanismos propios de representación surgidos desde la autonomía de los pueblos.
El segundo aspecto es la omisión del reconocimiento pleno de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Aunque la reforma constitucional de 2024 reconoce esta condición, afirmó que la propuesta electoral los reduce nuevamente a beneficiarios de acciones afirmativas individuales, en lugar de reconocerlos como colectividades con capacidad de incidir mediante sus propias instituciones y sistemas normativos.
El tercer eje de la crítica se relaciona con el territorio. Según el integrante del OIM, la postura del INPI ignora que la reforma de 2024 no resolvió la protección territorial, por lo que la representación política pierde sentido si en los territorios continúan imponiéndose proyectos extractivos sin procesos de consulta previa, libre e informada.
En este contexto, advirtió que el riesgo es que la participación indígena termine siendo utilizada únicamente para legitimar el sistema político existente. "El ejercicio pleno de los derechos político-electorales exige que los pueblos puedan incidir en el Estado desde su propia lógica organizativa, sin la imposición de integrarse a los partidos", sostuvo.
Finalmente, consideró que la deuda estructural con los pueblos indígenas persistirá mientras su representación política dependa de cuotas dentro del sistema electoral y no de un ejercicio soberano de autodeterminación.